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La sesión del Senado convocada para tratar el impuesto a los productos electrónicos destinado a favorecer la producción en Tierra del Fuego fue levantada a pedido del jefe del bloque del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, ante la imposibilidad de conseguir quórum para iniciar el debate.
Mientras tanto, la iniciativa sumó un fuerte rechazo empresario expresado en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
El proyecto del oficialismo fija impuestos internos y eleva el IVA del 10,5 al 21% a un listado de productos electrónicos importados o producidos fuera de Tierra del Fuego, entre ellos, teléfonos celulares y cámaras de fotos digitales.
La oposición de radicales y justicialistas disidentes condicionó su presencia en el recinto a que la bancada oficial sentara a los 37 miembros que conforman la mayoría del cuerpo, pero la ausencia de cuatro legisladores kirchneristas por problemas de salud, según explicó Pichetto, impidió comenzar la sesión.
Sin embargo, el máximo número que logró el oficialismo fue de 32 legisladores, de los cuales 29 fueron kirchneristas, dos fueguinos (María Díaz y José Martínez) y uno neuquino (Horacio Lores), mientras los opositores aguardaban en los alrededores del recinto en espera de que el bloque oficial realizara todo el esfuerzo.
Estuvieron ausentes por razones de salud, el presidente provisional del Senado, José Pampuro, Roberto Urquía, Isabel Viudez (Corrientes) y Elida Vigo (Misiones). A ellos se sumaron Ramón Saadi, quien se encontraba en el Palacio, pero no bajó al recinto; Adriana Bortolozzi, Fabián Ríos y Julio Miranda.
Pichetto pidió la postergación del debate para el 10 de setiembre, un día después que concurra al Senado el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a realizar el primer informe desde su asunción al cargo ante una de las cámaras del Congreso.
Fuentes de la oposición celebraron la exhibición de fuerza que pudieron hacer frente al oficialismo, pese a que negaron que se hubiera producido una coordinación expresa entre las bancadas para generar el hecho político de obligar al oficialismo a conseguir la mayoría propia.
El proyecto que se iba a debatir tenía un sentido político que sobrepasa la sola sanción de una norma económica, ya que con ella el kirchnerismo esperaba transformar en respaldo permanente el apoyo de los senadores fueguinos del ex ARI, que ya votaron junto al oficialismo en debates fundamentales, como el adelanto de las elecciones del 28 de junio, las facultades delegadas y los superpoderes.
La movida se fundamenta en el malhumor opositor porque el oficialismo no admite modificaciones en los proyectos, ni concede el tiempo de debate que les reclaman en las comisiones.
La gobernadora fueguina, Fabiana Ríos, aguardó en vano en un salón contiguo al recinto, juntos a los cinco diputados nacionales del distrito y funcionarios de la Secretaría de Industria.
Debate desde cero
Los principales referentes del Acuerdo Cívico y Social del Senado anunciaron que exigirán que a partir del martes próximo se reinicie "de cero" el debate sobre el proyecto oficial que aumenta los impuestos a productos electrónicos para favorecer la producción en Tierra del Fuego, porque "aparecieron nuevos elementos de mucha gravedad".
Tras conseguir con su ausencia que el oficialismo no pudiera conseguir la mayoría que habilitaba la sesión, la oposición pidió que el martes se realice una audiencia pública con funcionarios del Gobierno nacional, cámaras empresarias involucradas y sectores políticos para comenzar "de cero" la discusión debido a que existen nuevos elementos que "cambian las ecuaciones conocidas".
Los opositores hicieron conocer su nueva posición en una charla con periodistas, en la que participaron los radicales Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Roy Nikisch, Luis Naidenoff y Alfredo Martínez, así como María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), Samuel Cabanchik (Proyecto Buenos Aires) y Carlos Rossi (juecista, Córdoba).
Los dirigentes afirmaron que quieren tener certezas sobre algunas modificaciones que fueron introducidas durante el debate en la Cámara de Diputados, como la elevación de los beneficios a equipos de aire acondicionados de 6.000 a 18.000 frigorías, que producirían beneficios de 30 millones de dólares para una sola empresa.
Los dirigentes consideraron además que los datos oficiales sobre los empleos que se crearán y los beneficios que recibirán las empresas en Tierra del Fuego no aparecen con claridad y en cambio sospechan que el principal beneficiario será el Gobierno nacional y "su voracidad fiscal".
También afirmaron que les resulta sugestiva la decisión del Ejecutivo de adoptar la norma japonesa en materia de televisión digital y que eso constituirá una fuente de grandes ingresos para fábricas cuyos orígenes no aparecen claros.
Los dirigentes aseguraron que si antes del 10 de septiembre no obtienen respuestas adecuadas, no estarán presentes en la sesión, lo que podría originar nuevamente que no delibere el Senado por falta de quórum.
Propuesta de Cicomra
La Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra) propuso al Congreso comprar 788 mil celulares en tres años a Tierra del Fuego a cambio de quitarlos del "impuestazo tecnológico".
La entidad, que agrupa a operadores de telecomunicaciones y fabricantes informáticos, presentó la iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que durante la mañana del martes debatió sobre la polémica iniciativa.
En la propuesta, los operadores de comunicaciones móviles aseguran que comprarán 210 mil celulares en 2010, 263 mil en 2011 y 315 mil en 2012, es decir, un total de 788 mil aparatos en los próximos tres años.
"Tierra del Fuego produjo sólo 166 mil celulares en 2008, por lo que en la oferta de compra estamos casi duplicando a la capacidad de producción de la isla", dijeron fuentes de la Cicomra.
De acuerdo al texto presentado al Senado, se trata de "una propuesta superadora que reemplaza la inclusión de los teléfonos móviles en el proyecto de ley".
Para la Cicomra, su propuesta resultaría en un incentivo directo a la producción nacional en Tierra del Fuego, que contribuirá a la reactivación del empleo y a la industrialización de la región.
Además, siempre según la cámara, estimularía la investigación y el desarrollo en productos tecnológicos, respaldados por un compromiso serio de compra.
También se evitaría la presión al alza en el precio de los teléfonos celulares, eliminando el impacto negativo que el proyecto causa a los consumidores, especialmente los de menos recursos. Y evitaría que se genere un mercado paralelo, motivado por la distorsión de precios nacionales y extranjeros.
Durante la reunión, Cicomra argumentó su posición, focalizándose en el aumento de precios al consumidor, con su consecuente efecto negativo sobre la brecha digital.
Además, presentó trabajos académicos que contradicen los estudios realizados por la Subsecretaría de Industria de la Nación y por los defensores del proyecto.
Cicomra reiteró su “total desacuerdo” con el proyecto, que provocará aumentos de hasta el 34% en los dispositivos de comunicación móvil y afectará directamente a una industria que emplea, en su conjunto, a 180 mil argentinos y que lleva invertidos $5.500 millones en infraestructura de comunicación móvil en los últimos 3 años.
Advertencia de ensambladores y fabricantes
En la misma reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, representantes de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca), que agrupa a ensambladores y fabricantes que se encuentran fuea de Tierra del Fuego, expusieron sus argumentos en contra del proyecto del “impuestazo tecnológico”.
Los empresarios aseguraron que la propuesta no permitiría alcanzar los objetivos de generar una industria nacional con capacidad de sustituir importaciones, generar mano de obra y promover inversiones y construir una industria nacional con la fortaleza que en la actualidad tiene la de Brasil.
Camoca aseguró que los efectos del proyecto de ley ya se pueden sentir en los comercios. En ese sentido, apuntó que la producción de Tierra del Fuego no sólo no va a poder abastecer el mercado local sino que el precio de los productos va a ser fijado por los propios empresarios, como ya ocurre con los televisores de LCD, acondicionadores de aire y otros artículos electrónicos en clara condición oligopólica y de abuso de posición dominante.
El proyecto, para CAMOCA, “no tiene un espíritu federal”, ya que sólo otorga beneficios a cinco empresas ubicadas en la provincia de Tierra del Fuego en detrimento de las 427 Pyme que en la actualidad trabajan en el desarrollo de una industria de bienes informáticas en el resto de las provincias del país.
La entidad señaló que trabaja en una propuesta alternativa que, sin generar impacto alguno en los precios, permita alcanzar el objetivo de consolidar una industria federal de bienes informáticos competitiva a nivel nacional e internacional como promueve nuestro socio del Mercosur Brasil con gran éxito, en todo su territorio y no privilegiando únicamente a Manaos.
César Dergarabedian
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