18 sept 2009

IGJ: vence el plazo para el pago de la tasa anual.

Las sociedades anónimas tienen tiempo hasta este viernes para cumplir con la obligación. De no hacerlo, deberán afrontar la multa respectiva.

La Inspección General de Justicia (IGJ) fijó la fecha de vencimiento para el pago de la tasa anual empresarial.

Puntualmente, el organismo estableció este viernes como fecha límite para cumplir con la obligación anual.

Asimismo, la normativa advierte que "vencida la fecha, será de aplicación la multa correspondiente".

La sanción equivale al monto que resulta de aplicar una vez y media la tasa de interés mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento para documentos comerciales, sobre los importes omitidos.

Fuente: Infobaeprofesional
18/09/2009

Buscan prorrogar Bienes Personales, Ganancias y el impuesto al cheque.

La iniciativa, que ya ingresó al Congreso, también prevé extender el tributo sobre la renta mínima presunta y el adicional sobre el precio de cigarrillos.

El Gobierno ya envió al Congreso de la Nación el proyecto de prórroga de la vigencia de todos los impuestos que vencen el 31 de diciembre de este año.

La iniciativa -a la que se puede acceder haciendo click aquí- prevé la extensión de la vigencia del Impuesto a las Ganancias, Mínima Presunta, Bienes Personales, adicional de emergencia sobre el precio de los cigarrillos y el impuesto al cheque. También se busca obtener la prórroga de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas.

De manera complementaria, el proyecto elimina de la lista de exenciones previstas en Ganancias a los reintegros y reembolsos a las exportaciones. Actualmente el beneficio se encuentra suspendido, pero de acuerdo al texto de la iniciativa el Gobierno busca directamente eliminarla de la lista de exenciones.

Puntualmente, la iniciativa propone extender por diez períodos la vigencia de Bienes Personales, Ganancias y Ganancia Mínima Presunta.

Asimismo, se prevé la extensión por cuatro años de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas.

Respecto al polémico impuesto al cheque, la iniciativa -enviada al Congreso por el Ejecutivo- propone extender el tributo por dos años más.

Hernán Gilardo

© iProfesional.com
18/09/2009

ARBA da más tiempo para informar datos sobre inmuebles rurales.

El fisco bonaerense considerará presentadas en término, al 31 de octubre próximo, las declaraciones juradas vencidas, correspondientes a 2006, 2007 y 2008.

Debido a múltiples problemas técnicos-operativos, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ha resuelto que se consideren presentadas en término, al 31 de octubre próximo, las declaraciones juradas informativas sobre inmuebles rurales ya vencidas, correspondientes a 2006, 2007 y 2008.

La obligación fue puesta en marcha a través del régimen de información de contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural.

Desde el fisco bonaerense, la prórroga "se ha brindado en pos de alcanzar los objetivos del sistema implementado y con la finalidad de permitir a los responsables cumplir en tiempo y forma con las obligaciones impuestas, la cual representa una clara oportunidad de cumplimiento, con la salvedad de que el nuevo plazo no será ampliado".

Plan de pagos

Por otra parte, ARBA extendió hasta fin de mes el plan de pagos de hasta 60 cuotas para deudas impositivas con importantes bonificaciones por abonar al contado aquellas deudas que no se encuentran en juicio. A su vez, continúa un esquema de descuentos para las deudas en etapa judicial con quitas de hasta el 80 % en los intereses.

Para las deudas que no están en juicio, de los impuestos Inmobiliario, Automotor, sobre los Ingresos Brutos, Sellos vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2008 y planes de pago caducos a dicha fecha, se otorgan bonificaciones del 80 % siempre que se cancelen en uno ó tres pagos.

Es importante agregar que los planes con descuentos en ningún caso significa que el ciudadano moroso que se adhiera vaya a abonar menos que si hubiera pagado en término.

A su vez, los que prefieran regularizar el pago en cuotas deberán abonar un anticipo del 5 % y el saldo en planes que podrán ser de 6 a 15 cuotas con una bonificación por pago en término del 15% sobre el valor de la cuota.

Los que salden el pago de la deuda con el plan de 18 a 24 cuotas no obtendrán bonificación; mientras que para la modalidad de 27 a 60 cuotas se aplica un interés de financiación del 1% sobre saldo.

Fuente: Infobaeprofesional 18/09/2009

Veraz: para la Justicia, si una persona no paga no hay "derecho al olvido".


La Cámara Comercial rechazó la solicitud de una persona que pidió su eliminación de la base de datos de deudores al transcurrir cinco años desde que había dejado de pagar un crédito, pero la Justicia entendió que el plazo comienza a correr desde el último proceso de ejecución efectuado por el banco.

Muchas veces, cuando una persona saca un crédito o un préstamo no piensa en las consecuencias negativas que puede acarrear el incumplimiento en los pagos. No sólo tendrá inconvenientes con la entidad que se lo otorga en el corto plazo, sino también con otras empresas cuando quiera obtener cualquier bien o servicio y pagarlo en cuotas.


¿Y todo por qué? Por figurar en los registros de compañías que se dedican a recolectar los datos de los deudores. El ingreso a la lista de morosos es fácil. Sólo basta el aviso del acreedor luego de un incumplimiento. La salida es muy difícil si uno no abona la totalidad de la deuda.

Es más, pagando el total, figurará en esa base por dos años más. Pero si no la afronta, el tiempo se extenderá a cinco, ¿pero a partir de cuándo? Esa es la pregunta que se tratará de dilucidar.

En este caso, una persona sacó un préstamo hipotecario en el Bank Boston por u$s60.000, y se comprometió a devolverlo en 120 cuotas mensuales. Sin embargo, dejó de pagar a partir de la cuota 17, por lo que la entidad comunicó esa situación a la Organización Veraz. Esto ocasionó que el nombre del deudor apareciera en la base de datos de esta empresa.

Luego de cinco años, plazo previsto por la ley 25.326 para la conservación de los datos en la base de deudores, solicitó su eliminación de la misma. Como su pedido no prosperó, inició acciones legales contra el banco –por ser el informante de la situación ante la Organización Veraz-.

Derecho al olvido

Sin embargo, el juez de primera instancia rechazó la demanda al sostener que “el plazo de caducidad se cuenta desde la última información adversa que revela la vigencia de la deuda”.

Por este motivo, el cliente apeló ante la Cámara en lo Comercial, donde sostuvo que era equivocada la conclusión del juez, ya que neutraliza el “derecho al olvido” consagrado en una ley de orden público (por lo que no puede ser dejado de lado por las partes).

Los camaristas se encontraron en un problema donde debieron determinar a partir de qué hito se cuenta el plazo legal de cinco años, para que permanezca la información en la base de datos del banco.

Una vez analizado ese interrogante, los jueces debieron dilucidar si al momento de presentar la demanda, ese plazo se encontraba extinguido o no. Una vez respondida esa pregunta, se podría determinar si opera lo que se conoce como "derecho al olvido” (es un principio donde ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos trascurrido un tiempo determinado, desde el momento en que ocurrió el hecho generador de la deuda).

Su fundamento es que si figura de por vida en esa “lista negra”, ¿cómo hace para poder obtener financiamiento económico?. Eso sería prácticamente un imposible.

¿Qué dice la ley?

La ley que trata este tema es la 25.326 (conocida como Protección de Datos Personales ó Hábeas data), cuyo artículo 26 en su inciso 4 remarca que "sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho...".

En este caso, la deuda no se encontraba cancelada ni extinguida por lo que regiría el plazo de cinco años.

Pero no sólo la ley 25.326 trata sobre este tema, sino también el decreto 1558/2001 que la reglamenta. Este último dispone que "para apreciar la solvencia económica financiera de una persona,…, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible...". Es aquí donde surge el derecho al olvido, sus interpretaciones y sus consecuencias.

Interpretación

Preliminarmente, hay que señalar que se discuten dos posturas interpretativas. La primera, denominada restrictiva, señala que “mientras la obligación se encuentre vigente y el acreedor continúe informando el dato cuestionado no se opera el plazo de caducidad previsto en la Ley de Hábeas Data”.

La segunda, conocida como amplia, fija como inicio del cómputo “el momento a partir del cual se registró la última información adversa significativa de la deuda en cuestión”. Es decir, no se permite la mera repetición de la información mes a mes.

Para los jueces, esta última interpretación aparece como la más adecuada ya que “de aceptarse la tesis que propicia la renovación del inicio del plazo con sólo actualizar la información sin variantes de la misma deuda, este derecho se convertiría en un mero enunciado sin posibilidad de aplicación a prácticamente ningún caso”, señalaron los jueces.

Martín Lepiane, abogado de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), comentó que “este tema es muy complejo y debatido, sobre el cual no hay una decisión definitiva”, pero “varias salas de la Cámara Comercial se han volcado por una interpretación a favor de los deudores. No obstante, no existe aún jurisprudencia plenaria ni de Corte Suprema que zanje definitivamente la cuestión."

Información adversa significativa
Una vez que determinaron el momento a partir del cual comienza a correr el plazo para que se genere el “derecho al olvido”, los magistrados tuvieron que interpretar la ley cuando la misma se refiere a la "información adversa significativa".

Finalmente la definieron como “el último dato modificatorio que haya aportado información sobre la conducta del afectado ante una determinada obligación”.

Como la mora respecto de la deuda comenzó en marzo de 2002, y la última novedad "significativa" fue la promoción por parte del banco de un proceso de ejecución a fin de procurar su cobro, en septiembre de 2003, es a partir de dicho momento que debe comenzar a contarse el plazo de cinco años previsto en el art. 26 de la ley Hábeas Data.

La demanda fue promovida en mayo de 2007, y el plazo para conservar los datos relativos a la deuda en cuestión no se hallaba excedido. Conclusión: no operó respecto de dicha información la caducidad de la misma. Por este motivo, los camaristas rechazaron la demanda.

El informe de crédito
Es un resumen de variada información, tanto de tipo personal como financiera que muestra el uso que en el pasado se ha hecho del crédito, si ha tenido pagos fuera de término y los préstamos obtenidos. En función de la solicitud de crédito y del registro que el solicitante tenga en la base de datos, se determina si se le puede otorgar un préstamo y su cuantía.

Recomendaciones

A veces, una persona –ante la desesperación de ver que su nombre figura en cualquier base de datos de deudores- puede actuar de una manera incorrecta.

En ese sentido, Facundo Malaureille Peltzer, del estudio Salvochea & Asociados, señala que “una persona mal informada –en menos o en exceso- de la ley puede tener inconvenientes de distinta índole. Por eso es que recomendamos no dejar pasar el tiempo y estar atentos a estas cuestiones”.

Sin embargo, los problemas con las bases de datos podrían llegar a disminuir ya que “de acuerdo al Banco Central –que sigue a la normativa internacional-, las entidades bancarias deben ajustar sus procesos internos durante el año 2009 para dar cumplimiento a las exigencias de Riesgo Operacional, que ayudarán a reducir el mal manejo de datos personales de los clientes”.

Por ello, si una persona se encuentra en una base de datos como deudor y ese dato es incorrecto, debe “dirigirse a su propio banco para ver si puede subsanar el error del modo más rápido y sencillo posible”, ya que las entidades financieras “son conscientes de que se producen tales errores y, generalmente, cuentan con procedimientos internos para corregirlos”, explica Maximiliano N. D'Auro, del estudio Beccar Varela.

Por lo que si se “agota esta vía y no se obtienen resultados, entonces sí habrá que recurrir a los remedios previstos en la ley”, concluyó el experto.


Sebastián Albornos
Infobae Profesional 18/09/2009

17 sept 2009

Tarjetas de Crédito.


TNA aplicadas a la financiación con tarjetas de crédito.
BancoTNA

Banco Supervielle

40,70%

Banco Provincia

32,00%

Banco Itaú

29,95%

Banco Santander Río

29,90%

Banco Hipotecario

29,90%

Banco Galicia

29,90%

HSBC Bank

29,90%

Banco Industrial

29,75%

Banco Comafi

29,50%

Banco Macro

29,00%

Banco Patagonia

29,00%

Banco Nación

28,00%

Banco Credicoop

24,90%

Banco Ciudad

23,00%

Última Actualización: 10/08/09

Las tasas de interés publicadas surgen de las pizarras de los bancos, de sus respectivos sitios web o son comunicadas directamente por las entidades financieras.

Fuente: Notibancos.com 17/09/2009

Círculo vicioso: se agota la capacidad de compra al no poder bajar saldos de tarjetas .

Los saldos impagos por uso de plásticos treparon a valores récord. Usuarios deben financiarlos a tasas siderales que les comen una mayor parte del salario.

Para los argentinos, aprovechar las promociones que ofrecen las tarjetas ya pasaron a formar parte de los “usos y costumbres”, a la hora de decidir qué comprar y en dónde hacerlo.

Para los bancos es un camino de ida, que conduce a potenciales clientes a la puerta de

sus sucursales o fideliza aún más a los que ya poseen.

Difícilmente puedan desinstalar, de un día para el otro, esta batería de descuentos que les ha permitido, a lo largo de estos meses, mantener el espíritu consumista en gran parte de la sociedad.

Pero se ha llegado a un punto en que ambas partes quedaron atrapadas en una especie de laberinto que no muestra una rápida salida.

Por el lado de las entidades, ya se hace difícil competir sin recurrir a esta vía. Hay cuatro o cinco que se muestran como las más activas y el resto se ven obligadas o a subirse al tren (aun sin contar con la espalda suficiente) o a cruzar los dedos para no perder clientes en manos de la competencia. El total del sistema lo componen 84 entidades, de las cuales 50 ofrecen tarjetas.

Por el lado de los clientes, el problema tampoco es menor. Una gran parte de ellos entraron en un circulo vicioso, en el cual, cancelar el saldo les lleva cada vez más parte de su sueldo. Y, lo que es peor, al no poder hacerlo llegan a un punto de difícil solución: su poder de compra se les reduce cada vez más al financiar el saldo a elevados intereses.

•Entre enero y junio de 2008: el saldo impago producto de compras con tarjeta venía creciendo a tasas cercanas al 50% anual (ver gráfico de barras)

•Entre julio y diciembre de 2008: el “efecto cuota” comienza a hacerse sentir, la sociedad empieza a consumir menos, pero el saldo impago sigue trepando (ver línea recta ascendente).

•Entre enero y agosto 2009: se produce un freno en el financiamiento mediante el plástico, por lo que el saldo impago llega a un umbral en el que ya comienza a erosionar la capacidad de consumo, comiéndose una mayor parte del salario.

Actualmente el conjunto de titulares de tarjetas adeuda al sistema financiero cerca de $16.000 millones.

Todo esto también tiene su correlato en los niveles de morosidad, tomando el conjunto de líneas de préstamos para consumo. Por ahora se mantiene en niveles controlables, pero en franco ascenso a lo largo de los últimos tres años. Según el propio Banco Central las cifras marcan, en el caso de incumplimientos de familias, el máximo nivel observado desde octubre de 2005.

Punto límite

Si uno compara los saldos impagos actuales ($16.000 M en agosto de 2009) con los existentes hace un año atrás ($14.000 M, agosto de 2008) se observa una fuerte caída en la tasa de crecimiento anual del financiamiento, lo que indica que éste pudo haber llegado a un techo.

En otras palabras, este nivel de deuda está afectando directamente la capacidad de compra. Y esto se ve reflejado en un consumo vía plásticos que en el último año cayó casi un 5% promedio en términos reales (considerando una inflación promedio del orden del 15 por ciento).

Es decir, los argentinos consumieron menos (-5%) pero no lograron reducir su deuda ($16.000 millones).

Si a esa caída del 5% se excluyen los servicios asociados a tarjetas de débitos, el descenso es aún mayor y llega al 6,3 por ciento.

Hay bajas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo las ventas en los supermercados de barrio (imposibilitados de subirse a la moda de descuentos) se derrumbaron un casi un 30%, en términos reales. Restaurantes, hoteles y turismo, entre el 15 y el 25% en ese lapso.

¿Le han servido a los hipermercados los megadescuentos ofrecidos para contrarrestar el descenso? En parte, pues cayeron un 8% en términos reales. Es decir, no sufrieron la baja registrada en los almacenes de barrio o los comercios chinos, pero tampoco pudieron mantener los niveles de venta a lo largo de los últimos meses.

Según las últimas cifras disponibles, el volumen de compras con tarjeta ascendió a unos $7.100 millones: los servicios (la gran mayoría asociados a débitos en cuenta), indumentaria, hipermercados y artículos para el hogar en su conjunto representaron el 56,3% del total.

Si se compara dicha cifra ($7.100 millones) con los $6.400 millones de igual mes del año anterior, se desprende que el incremento anual no llega al 12%, es decir menor a la inflación estimada por consultores privados.

Pérdida del poder de compra

Se dio cuenta, tiempo atrás, que apenas 4 de cada 10 usuarios cancela el total de su deuda mensual. El 60% restante paga el mínimo o una parte.

Al proceder de esta forma quedan expuestos al pago de cargos financieros que pueden ir desde un 30% a un 85% anual según el emisor, más gastos de financiación, administrativos, renovación anual, impuestos, etc.

En el caso de los gastos operativos, el Banco Central informó que los mismos oscilan entre los $8,00 y los $14,90 por mes. En cuanto a la cuota por renovación anual del plástico, los costos llegan hasta los $600, como en el caso del BBVA.

Según Gustavo Giraldez, director de Notibancos, aún cuando se habla de un plan de cuotas “sin interés”, igual se está pagando una carga extra, que en las entidades llega a un promedio del 15 por ciento. “No tienen costo financiero directo, pero sí se cobra a través del gasto de los resúmenes y seguros, entre otros”.

Esto explica, en parte, por qué la capacidad de compra se reduce mes a mes y se “come” una mayor porción del salario.

Billeteras más flacas y con menos plásticos

El incesante incremento de deudas impagas llevó a que, a diferencia de otros años, una parte de la sociedad se vaya deshaciendo de los mismos plásticos que antes buscaba.

Es así como el stock de tarjetas en poder del público muestra una apreciable reducción. El total asciende a 28,7 millones frente a los 29,9 millones que existían hace un año atrás (1,2 millones menos).

En el caso particular de los emitidos por bancos, también se registra una caída, pasando de 20,2 millones a 19,4 millones.

Voces del sector

Jorge Colombatti, vicepresidente de MasterCard Worldwide, sostuvo que “en este momento lo que estamos viendo en el mercado de medios de pago es que, en el afán de no perder participación en el consumo, hay un mapa muy complejo en el que se articulan los bancos, las tarjetas y el retail”.

El ejecutivo de Mastercard agregó que “se instaló una modalidad de la que no se puede salir, en la que los clientes eligen dónde y qué día ir a comprar para aprovechar las promociones y los descuentos”.

Los porcentajes en cuestión son muy atractivos para los compradores, pues en determinados rubros llegan al 30%, pero estos esfuerzos compartidos entre bancos, emisoras de tarjetas y los propios negocios, no siempre se reflejan en aumentos de las ventas.

“Además, se creó una tendencia de la que difícilmente se salga, que es que los consumidores piensan que los descuentos y las cuotas son características del mismo producto, de forma inherente”, dijo Colombatti.

El directivo explicó, además, que “las estrategias de financiamiento son imitables y hay compañías que están dispuestas a ir a pérdida por captar más clientes y tener mayor participación en el mercado”.

Desde el Banco Galicia, dieron cuenta, que en su caso particular los niveles de consumo se encuentran aproximadamente un 25% sobre el año anterior, pero casi exclusivamente como resultado de su fuerte campaña de promoción”.

Maximiliano Coll, gerente de Productos y Servicios del Banco Ciudad, aseguró: “Este año se consume el doble que el anterior mediante tarjetas de nuestra entidad, producto de un plan muy activo que el Ciudad encaró en el 2008”.

Según Coll, “lo más importante para los clientes del banco son las cuotas sin interés, más que los descuentos”. “Ofrecer 24 cuotas sin interés nunca puede considerarse un “negocio”. Sin embargo, ganamos fidelidad de la cartera y sabemos que si el cliente compra un lavarropas, y lo paga a un plazo de dos años, al momento de abonar un cena, también utilizará la tarjeta”.

En tanto, Colombatti agregó que “puntualmente, observamos que los clientes eligen los productos más caros que tienen descuentos, y que se priorizan los beneficios en supermercados, línea blanca y tiendas departamentales (como Falabella), no así en restaurantes”.

De acuerdo a un informe de Key Data al que se tuvo acceso, las principales promociones en hipermercados son:

•Banco Galicia - Supermercados Coto

o Martes 10% descuento

o Sábados y domingos: 15% de descuento en algunos rubros

•Banco Santander Río - Carrefour

o Miércoles y jueves: 10% de descuento

o Resto de los días: 5% de descuento

•Standard Bank - Walmart

o Sábados: 10% de descuento con tarjetas Visa y Mastercard

•Banco de la Provincia de Buenos Aires - Carrefour

o Martes: 10% de descuento con Visa y Mastercard

•Citibank - Jumbo

o Miércoles: 10% de descuento

•BBVA Banco Francés:

o Disco / SuperVea / Plazas Vea: lunes 15% de descuento

o Supermercados del interior: jueves 10% de descuento con tarjetas Visa

o Supermercados Jumbo de Mendoza, Neuquén, Rosario y Santa Fe: martes 15% de descuento

o Disco virtual: todos los días 15% de descuento

¿Cómo se distribuye el mercado?

Según el informe de Key Market, Visa concentra la mitad del consumo total, seguida muy de lejos por Amex y MasterCard. Estas tres marcas representan las tres cuartas partes del mercado.

La elevada penetración de Visa tiene su punto de partida en las entidades bancarias emisoras, pues su participación en el total comercializado en cada una de ellas oscila entre el 80 y el 100 por ciento de las marcas ofrecidas.

Fuente: www.infobaeprofesional.com

17/09/2009

$1 de cada $3 de aumento del Gasto son subsidios a empresas.

El fuerte incremento del gasto público se sostiene gracias a que nunca los argentinos han pagado tantos impuestos como en la actualidad. Sin embargo, la distribución del ingreso no mejora y la pobreza crece. Este fracaso social se explica, fundamentalmente, por la masiva fuga de recursos fiscales hacia finalidades muy regresivas. El mejor testimonio son los subsidios a empresas públicas y privadas. El fenómeno está asociado a que la mayor parte del aumento de la recaudación fue apropiado por la Nación, cuando las funciones sociales más estratégicas son responsabilidad de las provincias y los municipios.

A diferencia de lo que ocurre con el INDEC, donde se ha dejado de difundir información muy importante, el Ministerio de Economía mantiene la rutina de estimar y publicar la evolución del gasto público consolidado (Nación, provincias y municipios).

Si bien el último dato disponible está relativamente desactualizado, ya que corresponde al año 2007, la información igual sigue siendo útil porque muestra la evolución del gasto público a lo largo del tiempo, según tipo de erogación y jurisdicción que lo ejecuta. Entre otros tipos de análisis, esta información permite cuantificar qué parte de la riqueza generada es absorbida por el sector público y cuáles son las prioridades que prevalecen en su asignación.

Según esta fuente oficial, entre los años 2000 y 2007 el gasto público consolidado, neto de pago de deuda, creció en términos reales aproximadamente un 40%. Las principales finalidades hacia las que se canalizó este aumento del gasto público fueron:

• El 35% a aumentar el gasto en servicios económicos, básicamente subsidios a empresas públicas y privadas de los cuales el 82% fue ejecutado por la Nación.

• Un 15% fue aumento del gasto previsional, básicamente las moratorias para personas sin aportes de los cuales el 83% lo ejecutó la Nación.

• El 50% restante de aumento fue al resto de los gastos sociales (educación, salud, vivienda, asistencia social) y gastos de funcionamiento del Estado de los cuales sólo el 27% fueron ejecutados por la Nación.

Las estadísticas ponen en evidencia que una creciente proporción del ingreso es apropiado por el sector público y que se ha producido un brusco cambio de prioridades.

La mitad del aumento del gasto público se dirige a servicios económicos y gasto previsional. Esta orientación se ha acentuado en los últimos meses. Por caso, en el 2008 los subsidios a empresas públicas y privadas casi duplican el nivel del 2007 y en los primeros 6 meses del 2009 ya son un 24% superior a igual periodo del año anterior. Las moratorias previsionales en el 2007 habían generado 1,4 millones de jubilaciones, mientras que en el 2009 superan los 2 millones.

Aunque se trata de erogaciones de naturaleza muy distinta, tienen dos elementos comunes. El primero es que son gastos administrados mayoritariamente por la jurisdicción nacional. El segundo es que no mejoran la distribución del ingreso, ni mucho menos contribuyen a aliviar la pobreza. Gran parte de los subsidios a empresas terminan siendo asignados a sostener burocracia y corrupción, y en el caso que impliquen reducciones de precios para los consumidores son los segmentos medios y altos lo que se apropian de la mayor parte del beneficio (por ejemplo, los pobres no viajan en Aerolíneas, ni cuentan con servicios de gas en red). En el mismo sentido, la distribución indiscriminada de jubilaciones fue, en una elevada proporción, en beneficio de los segmentos medios y altos.

Esta orientación del gasto público está íntimamente asociada a la concentración de fondos públicos en el gobierno nacional. Entre el 2000 y el 2008, la presión impositiva nacional y provincial creció desde el 21,5% al 30,8% del PBI. Más del 90% de los recursos adicionales fueron apropiados por el nivel nacional. Bajo estos parámetros de distribución, en la relativa abundancia de recursos la jurisdicción nacional dispone de financiamiento para sostener estas intervenciones altamente regresivas, mientras que las provincias y municipios no reciben los recursos incrementales del aumento en la presión tributaria pero son los responsables de administrar las finalidades sociales más estratégicas, como educación, salud, vivienda, asistencia social, entre los más importantes.

Está demostrado que el principal factor que explica que los países desarrollados tengan una distribución del ingreso más equilibrada es la orientación del gasto público. Especialmente en Europa, el sector público asigna recursos con la clara prioridad de beneficiar a las familias de más bajos ingresos. La Argentina de los últimos años es el ejemplo inverso. Una creciente presión tributaria se ha destinado a financiar intervenciones altamente regresivas. Bajo estas condiciones, no debería sorprender que, más allá de las manipulaciones de las estadísticas del INDEC, la pobreza alcance niveles masivos.




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Fuente: Mercado Fiscal
Autor: IDESA
17/09/2009