10 nov 2009

La AFIP ajustó controles para la entrada y salida de dinero en efectivo del país.

Los viajeros que introduzcan o retiren divisas por un valor igual o superior a u$s10.000 deberán declararlas ante el servicio aduanero.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ajustó los controles que recaen sobre la entrada y salida de dinero en efectivo del país.

La reformulación de pautas se dio a conocer a través de las resoluciones 2704 y 2705 publicadas en el Boletín Oficial.

Ingreso y egreso de divisas

Respecto a la entrada y salida de dinero en efectivo, las resoluciones establecen que "los viajeros de cualquier categoría y los tripulantes que introduzcan o retiren del territorio argentino, en calidad de equipaje o pacotilla, dinero en efectivo y/o instrumentos monetarios, en moneda extranjera o nacional de curso legal, por un valor igual o superior al equivalente u$s10.000 deberán declararlo ante el servicio aduanero, al momento del ingreso al país".

"A tal fin, se considerará el tipo de cambio comprador o vendedor (según corresponda) al cierre del día hábil inmediato anterior al del ingreso o egreso al país comunicado por el Banco de la Nación Argentina y se entenderá por instrumentos monetarios a cualquier medio de pago, tales como: cheques de viajero, cheques y pagarés", agregan las normas.

Asimismo, cuando se trate de menores de 16 años de edad no emancipados, dicho monto se reduce 5.000 dólares.

Fuente:Infobaeprofesional.com
10/11/2009

Oficializan Web para que los empleados verifiquen si están en blanco .


La AFIP puso en marcha una nueva herramienta online que permite chequear si el empleador informó en tiempo y forma el alta de la actividad ante el fisco.


Con el objetivo de profundizar la lucha contra el empleo no registrado y la informalidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray, habilitó una nueva aplicación en el sitio Web del organismo, llamada "Trabajo en blanco", para que los contribuyentes puedan verificar -desde el primer día que inicien la actividad- si el empleador cumplió con su obligación de registrarlo ante el fisco nacional.


El nuevo servicio apunta a ser una herramienta de consulta permanente para que los trabajadores puedan chequear, en tiempo real, si su empleador cumplió con la obligación de registrarlo correctamente, es decir, si informó el alta de la actividad ante la AFIP. También servirá para verificar la baja de la relación laboral, ya sea mediante despido o renuncia.

La herramienta se oficializó a través de la resolución general (AFIP) 2702 publicada en el Boletín Oficial.

Existen dos formas de ingreso al nuevo sistema. La primera es de acceso libre, para los contribuyentes que no hayan tramitado su clave fiscal ( www.afip.gob.ar/trabajoenblanco ). Bajo esta modalidad, y para garantizar la confidencialidad de la información registrada en la AFIP, el sistema solamente le informará si el empleado está o no registrado.

A la segunda modalidad se ingresa con clave fiscal o a través de home banking (utilizando el banco donde tenga una cuenta sueldo). Al ingresar identificado, además de verificar si está registrado, el contribuyente podrá observar los datos de su empleador e incluso se le permitirá el acceso a la constancia de alta del trabajador y obtener una copia impresa. El documento le permitirá constatar: modalidad de contratación, fechas de inicio de la relación laboral, obra social que le brindará la cobertura de salud, aseguradora de riesgos del trabajo que lo protegerá en caso de accidente, puesto desempeñado, domicilio donde prestará tareas y remuneración pactada.

Si al acceder a este nuevo servicio informático el contribuyente obtuviera como respuesta que no se encuentra registrado, podrá también dejar su reclamo en el "buzón de observaciones" del sistema "Mis aportes" que alimenta las bases de datos de investigación y fiscalización de la AFIP, garantizándole al mismo tiempo, total y absoluta reserva sobre cualquier información ingresada para que no peligre su trabajo.

Fuente: Infobaeprofesional.com

10/11/2009

6 nov 2009

Fijan una indemnización mínima de $ 180.000 para accidentes de trabajo.

La norma firmada por la presidenta Cristina Kirchner recoge el principal reclamo de la CGT, pero no dio lugar a las preocupaciones de los empresarios. Otro premio para Moyano.

La falta de consenso entre empresas y gremios respecto de los puntos básicos que debería contener una nueva ley de Riesgos de Trabajo, sumado a las reiteradas críticas del establishment ante la creciente litigiosidad motivó al Gobierno a decidir por la vía del decreto. De acuerdo con la norma firmada ayer por la presidenta Cristina Fernández, quedó establecido un piso y ningún tope para calcular la indemnización por accidentes laborales, así como también la triplicación de los pagos únicos que rigen en los casos en los que la incapacidad supere el 50%.

Esta decisión demuestra, una vez más, que la presión de la CGT y el vínculo de Hugo Moyano con el matrimonio K es más fuerte que todo el lobby que los empresarios puedan realizar, ya que la eliminación del tope indemnizatorio era el principal reclamo realizado desde la central sindical.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, había adelantado la decisión oficial el miércoles, cuando recibió a representantes de los diversos sectores interesados. El funcionario les manifestó que si bien entiende que no es la solución al problema de fondo, tenderá a disminuir el creciente número de juicios iniciados por trabajadores accidentados. Tomada recibió a integrantes de la CGT, la CTA, la UIA, las Cámaras de Comercio y Construcción, la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de ART (UART). Cada uno le planteó sus inquietudes y quejas, pero la decisión política estaba tomada.

En su primer artículo, el decreto establece que las compensaciones por única vez previstas en la Ley 24.557 –de Riesgos del Trabajo– se elevarán de $ 30.000 a $ 80.000, en los casos de un grado de incapacidad entre el 50% y el 66%; de $ 40.000 a $ 100.000 para casos de incapacidad total –superior al 66%–, y de $ 50.000 a $ 120.000 en situaciones de muerte.

La norma también suprime el tope de $ 180.000 para el cobro de la indemnización y, a su vez, fija un piso que no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad.

Es decir que si a una persona, luego de calcular su indemnización –con una fórmula que surge de multiplicar el salario por 53, por la edad jubilatoria (65) dividido la edad por el porcentaje de incapacidad– le da que debe cobrar menos que lo que resulta de mutiplicar el nuevo piso de 180.000 por el porcentaje de incapacidad, obtendrá como indemnización este piso. De lo contrario, se quedará con el monto mayor.

Para citar un ejemplo, un trabajador con un sueldo de $ 2.200, 38 años y 30% de incapacidad cobraría, según la fórmula, casi $ 60.000, mientras que si se toma el piso, el número alcanza los $ 54.000. En este caso, cobrará $ 60.000. Pero si esa misma persona tuviera un salario de $ 1.450, pasaría a cobrar $ 54.000 por indemnización, ya que aplicando la fórmula el número rondaría los $ 39.436, un número menor al piso.

La norma también crea el Registro de Prestadores Médicos Asistenciales; excluye del Impuesto al cheque a los pagos que los damnificados reciban en concepto de pagos únicos; encomienda a la Superintendencia controlar que las aseguradoras no tengan un trato diferenciado en perjuicio de las pequeñas empresas; fomenta la creación de mutuas y la adopción de medidas tendientes a aprobar líneas de seguro para enfrentar los juicios civiles.



Fuente: EL CRONISTA COMERCIAL
Periodista/Autor: Natalia Donato
Sitio Relacionado: http://www.cronista.com



Herencias: alertan por el impuesto.

Advierten que amenaza la supervivencia de pymes y pequeños productores rurales.

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes, más conocido como impuesto a la herencia, que regirá en la provincia de Buenos Aires a partir del 1° de enero próximo, amenaza la supervivencia de los grandes establecimientos agropecuarios y de las pequeñas y medianas empresas, según coincidieron tributaristas, abogados y empresarios consultados por LA NACION. En el actual contexto de crisis, argumentan, aumentará la presión fiscal y los costos de estos sectores que, consideran, serán los más afectados por el gravamen.

Sin embargo, desde el oficialismo se minimiza el impacto. De acuerdo con los técnicos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el tributo sólo alcanza a los grandes patrimonios, que representan un 3% de los habitantes bonaerenses.

El impuesto a las transmisiones gratuitas gravará desde un 5% las transferencias por herencia, legado, donación, renuncia de derechos y ventas en favor de descendientes o sociedades, de los bienes radicados en la provincia y de las personas que tienen domicilio allí.

Alcanza a los bienes muebles e inmuebles, depósitos bancarios, créditos, títulos públicos y acciones, entre otros, que superan los $ 3 millones. "También a las compras realizadas a nombre de descendientes, la constitución, ampliación y disolución de sociedades entre parientes", explicó el tributarista Santiago Sáenz Valiente.

"En este contexto de crisis, la gran mayoría de los productores agropecuarios y de los pequeños y medianos empresarios van a tener que vender el negocio familiar o la propiedad heredada para poder pagar el impuesto", sintetizó el especialista en derecho civil, Guillermo Borda, del Estudio Borda.

Según el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, aunque el tributo golpeará a toda la producción agropecuaria, los pequeños y medianos productores son los que se verán "acorralados".

"Se aplica sobre el único bien que poseen, que además es el lugar en el que viven y en el que trabajan. Los más grandes tienen otros recursos para enfrentar el impuesto", dijo.

Los especialistas consultados prevén que las pymes familiares, más concentradas en el conurbano bonaerense, también sentirán el impacto. "Es un costo más que asumen los herederos que continúan el negocio. Puede tener un impacto negativo en el mantenimiento de la red laboral", estimó Guillermo Butler, especialista en mediaciones.



Fuente: LA NACIONLINE
Periodista/Autor: María Agustina Rato
Sitio Relacionado: http://www.lanacion.com.ar
06/11/2009

5 nov 2009

La Legislatura aprobó un proyecto que controla a los administradores de edificios en la Capital Federal



La iniciativa, entre otros puntos, obliga a los administradores a inscribirse en el Registro Público,
establece un mandato de un año renovable con el voto de los habitantes del edificio y un régimen de infracciones y de sanciones.



La Legislatura porteña aprobó una ley que otorga a los habitantes de edificios herramientas de control sobre los administradores de consorcios, que ahora "no podrán negociar acuerdos salariales" sin autorización y durarán un año en su cargo.

El proyecto modifica la ley 941 que creó el Registro Público de Administradores de Propiedad Horizontal de la Ciudad. Por ende, ahora, los administradores serán controlados en todos aquellos aspectos que tenían "consecuencias económicas para los consorcistas", con el objetivo de "no encarecer las expensas".

La norma, que ahora deberá ser promulgada por el jefe de Gobierno Mauricio Macri, fue iniciativa de los diputados Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) y Roberto Destéfano (PRO) y tenía despachos de mayoría y minoría de la Comisión de Legislación General y del Trabajo, los que fueron consensuados.

La iniciativa, además, obliga a los administradores a inscribirse en el Registro Público, establece un mandato de un año renovable con el voto de los habitantes del edificio y un régimen de infracciones y de sanciones.

La nueva ley, aprobada por unanimidad de los presentes 39 legisladores presentes, establece que los administradores tendrán un mandato de un año, renovable por igual período por la asamblea ordinaria o extraordinaria por mayoría simple de los presentes.

En relación a los honorarios, la norma establece que serán "acordados por el administrador y la asamblea de propietarios", sin ninguna otra entidad de por medio. Los fondos del Consorcio, a partir de ahora, podrán ser depositados en una cuenta bancaria a nombre de los habitantes.

Respecto de las liquidaciones de expensas, a partir de la sanción de esta ley, deberán contener detalladamente los datos del administrador, el consorcio, del personal del consorcio, detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas y pagos por seguros.

Entre los principales requisitos para ser administrador figuran un informe del Registro de Juicios Universales y un certificado de aprobación de un curso de capacitación. Además el administrador deberá presentar ante el consorcio el certificado de acreditación de su condición de inscripto y una copia de la ley anualmente.

"Entendemos que lo que se encuentra en juego la calidad de vida de más de 2 millones de copropietarios y esta ley producirá un cambio trascendente a favor de los habitantes de la ciudad", dijo Abrevaya al defender el proyecto.

El titular del Bloque de la Coalición Cívica señaló que "la regulación de la actividad de los administradores es tanto más importante cuánto más frágil es la posición de los consorcistas a los que era necesario dotar de más herramientas e información para el control directo de los consorcios".

Fuente: Infobaeprofesional.com
05/11/2009

Podrían iniciar acciones penales contra Arba por las retenciones bancarias.


Así lo indicó el presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Elías Soso. Es porque la agencia de recaudación bonaerense volvió a ordenar a los bancos que retengan Ingresos Brutos.

La agencia de recaudación bonaerense (Arba) volvió a ordenar a los bancos que retengan ingresos burtos a comercios e industrias que hayan realizado operaciones en Buenos Aires, una medida de la que había dado marcha atrás hace unos meses tras el reclamo del sector empresarial local. Ante la nueva arremetida, el presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Elías Soso, adelantó a punto biz que ya está pensando en iniciar acciones penales ante una reglamentación que considera “compulsiva, inconstitucional y rayando con el delito”.


Lo que Soso critica es que la medida recae también sobre comerciantes que nunca operaron realmente con esa provincia y por eso llama a que todos revisen sus cuentas bancarias ya que es la única forma que tienen de detectar si efectivamente se hizo la retención o no.


“Mañana me voy a reunir con abogados penalistas para ver si se puede inciar alguna acción penal contra los funcionarios de Arba o de los bancos o contra quien sea responsable del atropello”, dijo Soso visiblemente molesto por la situación que detectó esta mañana ante el llamado de algunos socios de la AER que le comunicaron la mala nueva.


El tema es que algunos de los comerciantes que volvieron a verse perjudicados por la medida son los mismos que hace meses reclamaron por la intromisión de Arba en sus cuentas, cuando en realidad nunca habían realizado operaciones en la provincia de Buenos Aires.


En aquella oportunidad la agencia debió devolverles el dinero confiscado y luego declinó la medida, pero ahora volvió sobre sus pasos. En ese marco, Soso avisa: “Todos tienen que tener precaución de controlar sus cuentas, y nosotros desde mañana vamos a poner a diposición en la AER un teléfono y cuerpo de profesionales para que atiendan los reclamos e instruyan a la gente para que sepan como hacer para que les devuelvan el dinero”.



Fuente: PUNTOBIZ ONLINE
Sitio Relacionado: http://www.puntobizonline.com.ar
04/11/2009

Suspenden por un año el impuesto a los puertos bonaerenses.

La Legislatura covirtió en ley un proyecto que frena el gravamen a la carga y descarga de mercadería en las 14 terminales de la provincia.

La Cámara de Senadores bonaerense sancionó este miércoles una ley que frena por el término de un año el gravamen a la carga y descarga de mercaderías en los 14 puertos de la provincia, tributo creado por la Ley de Reforma Fiscal que no fuera promulgada por el rechazo expresado desde del sector portuario.

La sancionada ley que generaliza el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en todas las terminales -en la actualidad varios consorcios degestión pública no tributan por estar eximidos- fija una alícuota de 3,5% y de 4,5% para aquellas terminales que excedan los $30 millones de facturación y suspende hasta el 31 de diciembre de 2010 el gravamen de $18 por tonelada de descarga y $6 para la carga de mercaderías establecido en la reforma fiscal.

La iniciativa fue aprobada por los senadores del Frente parala Victoria, PRO y GEN y rechazada por las bancadas del ARI y la UCR.

El freno al gravamen a los puertos fue consensuado durante varias reuniones realizadas en La Plata durante septiembre pasado, de la que participaron el ministro de la Producción provincial, Martín Ferré, y los representantes de los consorcios portuarios tanto públicos como privados, como también referentes sindicales del sector.

Fuente: Infobaeprofesional.com

05/11/2009