En silencio, el Gobierno busca asegurarse emisión de deuda por $9.200 M.

Aseguran que el proyecto de Presupuesto que se envió al Congreso prevé el manejo discrecional de fondos para obra pública y compra de aviones.

Hace más de diez días, el Gobierno envió el proyecto de ley de Presupuesto 2010 al Congreso para su tratamiento.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Palacio de Hacienda, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) que se espera para el año que viene es de cerca del 3 por ciento.

Por otra parte, las estimaciones respecto de la inflación son del orden del 7% y se espera que el dólar se ubique en un valor cercano a los 3,95 pesos.

En general, la composición económica del gasto 2010 se distribuirá en prestaciones de la seguridad social, en un 35%; transferencias corrientes, 25%; gastos de consumo, 16%; gastos de capital, 14%; y rentas de la propiedad, 10 por ciento.

Asimismo, en el proyecto el Gobierno se compromete a "seguir avanzando en el proceso de regularización de los pagos de la deuda pendiente de reestructuración, tanto aquella no ingresada al Canje del año 2005 como las mantenidas con Organismos de Créditos Bilaterales y acreedores privados".

Sin embargo, según destaca el diario La Nación en su edición de hoy, camuflado entre su articulado, para que pase lo más inadvertido posible, el proyecto lleva consigo el plan que seguramente servirá de sustento para el plan regreso de Néstor Kirchner.

Si el presupuesto se aprueba tal como está hoy, es decir, si los diputados y senadores no tratan en particular el articulado y levantan la mano para la aceptar la norma a libro cerrado, pues habrán aprobado una combinación de artículos que le dan la posibilidad al Gobierno de emitir deuda por alrededor de 9.200 millones de pesos, para un plan de obras que por ahora es una incógnita y que para colmo, no se computarán como gasto sino como inversión financiera.

Esto permitirá mostrar un superávit que en verdad, nunca existirá.

"En este contexto de mayor restricción fiscal, el gobierno recurre a un mecanismo inusual para financiar obras públicas, que permitiría no registrar un aumento del gasto y en consecuencia no tendría impacto en el resultado primario y el resultado financiero", dijo al matutino Gerardo Uña, investigador principal de la Fundación Siena.

Cómo funciona el esquema

Mediante el artículo 17 del proyecto, se faculta al Poder Ejecutivo para crear, a solicitud del Ministerio de Planificación Federal, un programa de inversiones prioritarias.

Se establece allí que los gastos de este programa se consideran un activo financiero y serán tratados presupuestariamente como adelantos a proveedores y contratistas hasta su finalización. Esto implica que no se presupuestan como gastos de capital y, por lo tanto, no incrementan el nivel de gasto.

Esto se complementa con el artículo 44, que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público adicionales hasta un monto máximo de 4500 millones de pesos, más la suma de 1200 millones de dólares, aproximadamente $4620 millones, si se toma el tipo de cambio actual. Tendrá para entretenerse el ministro Julio De Vido, con algo más de 9000 millones de pesos que sólo se dispararán si él los reclama.

De acuerdo con un análisis realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), "una consecuencia de este procedimiento es que los gastos que se realicen en virtud de él no son computados como gasto público y, por tanto, su subestimación distorsiona el resultado financiero del ejercicio".

En diálogo con La Nación, Uña dijo que la inclusión de estos artículos impacta en dos dimensiones muy relevantes del presupuesto público: "En primer lugar, se subestima el nivel de gasto público y en consecuencia el resultado primario y financiero. Por ejemplo, entre las inversiones se menciona la compra de aviones Embraer y Airbus, que si bien no se explicita, serian destinados a Aerolíneas Argentinas. Para estas inversiones se autoriza la utilización del 90% del monto global autorizado en dólares, aproximadamente $4200 millones. Si sólo esta operación se perfeccionara totalmente en el año 2010 y se imputara correctamente como gasto de capital, el resultado primario disminuiría un 15%, alcanzando el 1,84% del PBI y el resultado financiero presentaría un déficit de 0,3% del PBI".

Por último, para el diputado Claudio Lozano, el problema está en que se han sobredimensionado los ingresos. "El proyecto incluye una previsión de recursos que está por encima de la que se va alcanzar y un gasto por debajo de lo que es esperable. Por lo tanto, el cierre del ejercicio 2010 parece mucho mas comprometido que el de este año. En lugar de los casi $ 50.000 millones expuestos como brecha a financiar esta puede ser entre $ 60.000 millones y $ 75.000 millones", resumió.

Fuente: Infobaeprofesional.com
27/09/2009

Piden a la AFIP que investigue el vínculo entre obras sociales y droguerías truchas.

La Justicia solicitará el cruce de datos de movimientos bancarios y financieros de prestadores y droguerías acusadas de proveer medicamentos adulterados.

La Justicia federal pedirá en las próximas horas al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que investigue los movimientos comerciales y financieros de un grupo de obras sociales, droguerías y laboratorios sospechados en el marco de la causa de la denominada mafia de medicamentos adulterados. La decisión de solicitar al organismo recaudador que colabore con la investigación aportando la información que surja del entrecruzamiento de datos sobre las relaciones comerciales entre prestadoras médicas sindicales y las firmas San Javier y Multifarma fue tomada por el fiscal Luis Comparatore a través de una nota que elevó a los jueces federales Norberto Oyarbide y Ariel Lijo, que investigan dos causas conexas vinculadas con la provisión de remedios truchos.

Según confiaron a este diario fuentes de la fiscalía, los investigadores judiciales consideran que para poder avanzar y establecer la forma en que operaban las droguerías sospechadas y sus vínculos con las obras sociales, será necesario contar con informes detallados respecto de los movimientos bancarios, facturación y relaciones comerciales entre esas entidades. Los investigadores consideran que con los datos de la AFIP, sumados a los informes solicitados a la Superintendencia de Servicios de Salud y a la Administración de Programas Especiales (APE) respecto de los reintegros cobrados por las droguerías propiedad de Néstor Lorenzo en nombre de las obras sociales, podrían avanzar con la pesquisa y determinar responsabilidades en la causa.

Cerca de Comparatore evalúan que, aunque lo incautado en el marco de los allanamientos realizados a la obra social bancaria y las firmas de Lorenzo constituye prueba relevante para la investigación, un cruzamiento de datos provenientes del organismo recaudador aportaría nuevos elementos en especial acerca de los vínculos de San Javier y Multifarma con otras 50 obras sociales, entre las que se encuentra la obra social de camioneros, el gremio de Hugo Moyano. El objetivo de los investigadores judiciales es pedir también la asistencia de la Unidad de Investigaciones Finacieras o eventualmente la Inspección General de Justicia (IGJ), ya que sospechan que serían varias las prestadoras administradas por los gremios que habrían comprado remedios truchos para tratamientos oncológicos, de HIV y hemofilia.

Allanan casa de Zanola

Por otra parte, funcionarios judiciales encabezaron ayer un allanamiento en el departamento que el titular de La Bancaria, Juan José Zanola, tiene en el Barrio Norte porteño, oportunidad en que se incautó nueva documentación relacionada con la causa. “El resultado fue altamente positivo”, indicaron voceros judiciales acerca del operativo en el vivienda del sindicalistas, pero evitaron ofrecer otros detalles en vistas del secreto de sumario impuesto en la causa. Además, trascendió que en el transcurso de otras diligencias judiciales fue detenido un hombre que es investigado como supuesto testaferro de las droguerías acusadas de proveer remedios adulterados.

A su vez, se supo que una investigación encarada por el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez determinó un vínculo estrecho entre una colaboradora directa del ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli y la droguería San Javier. El propio Oyarbide admitió días estar al tanto de esa relación (que involucra a la ex funcionaria Alejandra Ongaro), mientras fuentes judiciales anticiparon que es uno de los puntos que deberá explicar Capaccioli cuando sea citado por el magistrado la próxima semana.

Fuente: EL CRONISTA COMERCIAL

Periodista/Autor: Analía Argento y Elizabeth Peger

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25/09/2009

La AFIP cobrará impuesto a la riqueza a chacareros.

Los chacareros que exploten su propio campo deberán pagar el Impuesto sobre los Bienes Personales, además del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, por una interpretación de la AFIP sobre el alcance de las “explotaciones unipersonales”.

En cambio, los campos siguen exentos cuando interpongan la figura de una sociedad de hecho, arrienden la tierra o no la trabajen, casos todos en los que sí pagan el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

En un fallo, el Tribunal Fiscal dictaminó que se debe pagar el Impuesto sobre los Bienes Personales sobre los inmuebles rurales cuando éstos se hayan explotados por su dueño por conformar una empresa unipersonal.

La Ley de Ganancia Mínima Presunta (GMP) grava a las sociedades, empresas o explotaciones unipersonales cualquiera sea su actividad y, además, alcanza expresamente a los inmuebles rurales cualquiera sea su destino de uso, explicó Santiago Sáenz Valiente, del estudio Sáenz Valiente & Asoc.

Asimismo, se considera que el Impuesto sobre los Bienes Personales declara exento el inmueble rural en forma plena sin condicionarlo en función de su destino, aseguró Sáenz Valiente.

“Este juego armónico de normas llevó al productor agropecuario desde hace varios años a entender que el inmueble rural siempre quedaba alcanzado por GMP y exento de Bienes Personales”, explicó el especialista.

Sin embargo, en la causa “Camilo González”, la AFIP interpretó que la Ley de Bienes Personales dispone que deben pagar este tributo las personas físicas domiciliadas en el país y que entre sus bienes incluye a los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales, y por tanto, el contribuyente debió incluir el valor del inmueble rural afectado a la actividad agropecuaria, y el Tribunal Fiscal le dio la razón.

Fuente: EL CRONISTA COMERCIAL

Periodista/Autor: Dolores Olveira

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25/09/2009

Impuesto a cargas: alertan que quebrarán empresas por competencia desleal.

Tras la aprobación del polémico proyecto de ley, que excluyó a las terminales privadas de la tasa a las cargas, operadores dispararon contra la medida, ya que supondrá un desvío automático de cargas a puertos de otras jurisdicciones y la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Finalmente, la legislatura bonaerense aprobó este miércoles el polémico proyecto de reforma tributaria, que tiene como objetivo cubrir una parte del déficit cercano a los u$s5.000 millones que sufrirá la Provincia cuando finalice 2009.

Tras interminables gestiones, el gobierno de Daniel Scioli resolvió que -a posteriori- se eximirá del tributo a las operaciones despachadas a través de terminales privadas.

Esto implica que la producción que empresas como Cargill, Bunge o Techint, que tienen puertos propios, le compren a industrias o productores agropecuarios para su posterior exportación, no sufrirán gravación impositiva alguna.

Esta medida, terminó de crispar los nervios de concesionarios, operadores y empresarios vinculados con los puertos públicos y de aquellos que están manejados mediante consorcios de gestión, que no fueron alcanzados por el beneficio.

La polémica medida establece que las terminales portuarias deberán abonar en forma mensual $6 por cada tonelada o fracción superior a los 500 kilos de mercadería con destino a exportación y $18 en el caso de importación.

En diálogo con este medio, José Luis Pinto, presidente de Casport, la principal operadora de carga de fertilizantes y mineral de hierro de San Nicolás, aseguró que “esta iniciativa es mucho más grave que el proyecto original, porque es discriminatoria y fomenta la competencia desleal”.

“Se castiga a los puertos públicos y nadie va a querer poner un peso para realizar una inversión”, disparó el directivo, quien aseguró que “había proyectos por más de u$s20 millones en San Nicolás para el próximo año y ahora está todo parado”.

Puertos sin carga
En este contexto, tal como había adelantado a este medio el directivo de una de las terminales más importantes, “un día después de que se apruebe el proyecto, el 60% de la carga en container y a granel de importación y exportación que se mueven actualmente por la Provincia, van a pasar a operarse por otras terminales. Esto tendrá un impacto enorme en el nivel de actividad portuaria y logística”.

En el caso de San Nicolás, Pinto destacó que, como “estamos a ocho kilómetros del límite con Santa Fe, toda esa carga va a ir sí o sí por Rosario”.

”Es una ley totalmente injusta e irracional. Nadie discute que la provincia deba recaudar impuestos, pero no de esta manera. Va a ser totalmente contraproducente, y va a determinar que las empresas que trabajan en estos puertos, directamente cierren sus puertas. Se van a terminar fundiendo”.

Según Pinto, en San Nicolás “se van a perder de manera directa más de 2.000 puestos de trabajo, además de todos los empleos vinculados indirectamente. A esto hay que sumarle el impacto en otras terminales".

Importadores, en alerta
En diálogo con este medio, Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), aseguró que con esta iniciativa, “los puertos provinciales quedan fuera de combate”.

“Lo que me preocupa es que desde el gobierno bonaerense adelantaron que estudiarían cambios para no perjudicar a las exportaciones. Espero que esto no implique que los importadores seamos los que paguemos el pato de la boda una vez más”, disparó el directivo.

“Sería grave que beneficie únicamente a los exportadores, pensando que castigando a las importaciones no se perjudica a nadie. Es un error porque por los puertos de la provincia de Buenos Aires entran gran parte de las materias primas y bienes de capital para la industria y el campo”.

En este contexto, Santisteban pidió al ministro de Economía, Alejandro Arlía, que “sea conciente que el cargo a las importaciones, que es el triple del de las exportaciones, implicaría un sobrecosto mortal que afectará a los puertos y a los consumidores”.


(c) iProfesional.com
24/09/2009

ART: Cristina firmará el decreto que triplicará las indemnizaciones.

La nueva norma también incorporará como enfermedades a cubrir dolencias como las lumbalgias o várices producidas por el trabajo habitual.

En cuanto regrese a la Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmará el decreto que modifica el régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). La nueva normativa cambiará dos puntos clave: se triplicarán las indemnizaciones por accidentes e incorporará nuevas enfermedades al listado a cubrir.

Puntualmente, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, confirmó este jueves en Pittsburgh que "la Presidenta quiere firmarlo cuanto antes".

En efecto, en Buenos Aires, un comité técnico redactaba el borrador de la medida, salvando las últimas diferencias, informa un matutino económico en su edición de hoy.

Igualmente, el esquema que será implementado a través del decreto presidencial no será definitivo. "Se hace así porque no hay otra forma de hacerlo ahora", agregó Tomada.

De esta manera, tal como adelantó iProfesional.com, se elevarían los topes indemnizatorios de los $180.000 actuales a $540.000 por el porcentaje de incapacidad. También, incorporará como enfermedades a cubrir dolencias como las lumbalgias o várices producidas por el trabajo habitual.

Sin embargo, los empresarios ven con preocupación cualquier medida que eleve los “costos” de sus compañías y prevén que la sola actualización de los topes implicaría un incremento de sus gastos del orden del 20 por ciento.

Para conocer, punto por punto, los nueve proyectos de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo haga clic aquí.

Fuente: Infobaeprofesional.com

27/09/2009

La presión tributaria no para y ya acumula un alza de u$s2.000 M.

En un contexto donde la caja de numerosas provincias no cierra, la única salida que encuentran es gravar el consumo y la actividad productiva.

Al menos 15 de las 24 provincias tienen sus cuentas en rojo y existen varias de ellas que temen no poder cancelar sus obligaciones a mediano plazo.

Gastos en alza, ingresos que no alcanzan y, ante ello, surge lo inevitable: avanzar en crear más impuestos o aumentar los existentes.

Algunos distritos ya han implementado y otros analizan reformas tributarias que les permitan recaudar una mayor cantidad de dinero.

“El gasto público está en el récord histórico de todos los tiempos”, advirtió el economista y director de M&S Consultores Carlos Melconian días atrás, quien además resaltó que el Gobierno Nacional se quedó sin fondos para girarles a las provincias. “No está la plata, se gastó”.

En este contexto, ocho jurisdicciones ya aplicaron incrementos que, en su mayoría, gravan la actividad productiva, tal como había anticipado este medio (lea más: Golpe al bolsillo: avanza un "festival de impuestos" para financiar problemas de caja).

Según publica el diario Clarín, las reformas impositivas implementadas en varios distritos le aportarán a las provincias este año una recaudación extra de 0,6 puntos del PBI a lo recaudado en 2007, el equivalente a unos u$s2.000 millones.

Según la consultora Economía & Regiones (E&R) que dirige Rogelio Frigerio, marca que en 2007 las provincias recaudaron por el equivalente al 4,2% del PBI, en 2008 el 4,4% y, este año, subirán al 4,8%.

Estos cambios tienen un sesgo regresivo: el grueso de los ingresos provinciales gravan el consumo y la actividad productiva y es insignificante la imposición sobre la propiedad.

Según el matutino, el estudio de E&R ubica a la provincia de Buenos Aires al tope del ránking de presión tributaria provincial: 6,03% de su Producto Geográfico, porcentaje que volverá a subir en 2010 tras la sanción de la reciente reforma impositiva.

Sobre la estructura de recaudación, Nadin Argarañaz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, señala que "cerca del 80% de los recursos propios provinciales provienen de impuestos directamente relacionados con el ciclo económico (Impuesto a los Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos). Por otra parte, las transferencias por coparticipación provenientes de la Nación han evidenciado una importante merma en su crecimiento durante los últimos meses, debido a la caída en la actividad económica. Esto, sumado a la rigidez del gasto público provincial (compuesto principalmente por gasto en personal) dificulta la posibilidad de realizar ajustes por el lado del gasto. Las provincias, ya desde mediados de 2008, comenzaron a aplicar subas en sus principales tributos, en algunos casos de considerable magnitud".

Con 15 de las 24 provincias en déficit fiscal y con un rojo consolidado que superaría $ 10.000 millones este año (ver aparte), el impuestazo y el "ajuste" del gasto serían las variables para enfrentar el difícil escenario de 2010.

Fuente: Infobaeprofesional.com
27/09/2009

La Oncca mantiene suspendido pago de subsidios a feedlots por falta de controles.

Hace tres semanas se pagó la última compensación. En el organismo se excusan en la demora para cruzar datos con la AFIP. Cancelaron tres pagos por irregularidades.

Las denuncias de irregularidades en el pago de compensaciones por parte de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) a los feedlots Paseo Lagunas y Paseo Las Lagunas, ubicados en la localidad de Carlos Casares, provocó la suspensión de los pagos a todos los establecimientos de engorde a corral que se presentaron para cobrar el subsidio.

Según informaron directivos de la Tesorería del organismo a algunos dueños de feedlots que concurrieron a la oficina para cobrar, los giros están en stand by desde hace tres semanas “hasta próximo aviso”, dijo a El Cronista el titular de un establecimiento bonaerense. “Todos los pagos están suspendidos porque se están realizando auditorías y fiscalizaciones importantes”, le dijeron al productor en la Oncca. Sin embargo, ante la consulta de este diario, en el organismo afirmaron que “puede haber revisión en algunos casos”, pero que los pagos “no están suspendidos”. Aún así, según se puede ver en la página web de la Oncca, la última resolución autorizando pagos fue publicada el 4 de septiembre.

Además, el organismo presidido por Emilio Eyras está revocando autorizaciones de compensaciones por detección de irregularidades. Mediante la resolución 7.535 publicada ayer en el Boletín Oficial, la Oncca canceló tres aprobaciones de subsidios por casi $ 3 millones a establecimientos de engorde de ganado bovino por comprobar que “presentaban irregularidades en la documentación del Senasa”.

Según explicó Eyras en un comunicado, “esta medida no significó ningún perjuicio fiscal al Estado, por cuanto en dos de los casos no se llevaron adelante los pagos, y en el restante, frente a la intimación de la Oncca, los fondos fueron íntegramente restituidos”. “Estas acciones de contralor, que funcionan correctamente, se inscriben en el programa de control del organismo que estamos implementando”, añadió el funcionario.

Medidas de control

Eyras se reunió el lunes pasado con el presidente de la Cámara Argentina de Engordadores de Hacienda Vacuna (CAEHV), su tocayo Juan Carlos Eiras, para analizar de manera conjunta nuevos mecanismos de control que mejoren el sistema y garanticen una total transparencia. En esta reunión, el titular de la Oncca le comunicó que en los próximos días estaría dando a conocer una batería de medidas tendientes a eficientizar la fiscalización del pago de las compensaciones. Entre ellas, se destaca el recientemente anunciado acuerdo con la AFIP para cruzar información respecto de la capacidad económica y patronal de la empresa que reclama el pago de los subsidios. El organismo le solicitará a la AFIP un certificado –explicó Eyras en el comunicado– de Capacidad Económica y Patronal, con carácter previo a la autorización de las compensaciones.

Otra de las medidas apunta a lograr una mayor fiscalización a campo, que se concretará con personal prestado de la AFIP.

La preocupación del sector es que estos nuevos mecanismos de control terminen burocratizando el sistema y demore aún más los plazos de pago. “No nos preocupa que paren por tres semanas para ordenarse, pero sí que la mayor fiscalización entorpezca el esquema y genere retrasos mayores”, dijeron en la CAEHV.

Fuente: EL CRONISTA COMERCIAL Periodista/Autor: Natalia Donato y Paula López Sitio Relacionado: http://www.cronista.com
24/09/2009