Tras la aprobación del polémico proyecto de ley, que excluyó a las terminales privadas de la tasa a las cargas, operadores dispararon contra la medida, ya que supondrá un desvío automático de cargas a puertos de otras jurisdicciones y la pérdida de miles de puestos de trabajo.Finalmente, la legislatura bonaerense aprobó este miércoles el polémico proyecto de reforma tributaria, que tiene como objetivo cubrir una parte del déficit cercano a los u$s5.000 millones que sufrirá la Provincia cuando finalice 2009.
Tras interminables gestiones, el gobierno de Daniel Scioli resolvió que -a posteriori- se eximirá del tributo a las operaciones despachadas a través de terminales privadas.
Esto implica que la producción que empresas como Cargill, Bunge o Techint, que tienen puertos propios, le compren a industrias o productores agropecuarios para su posterior exportación, no sufrirán gravación impositiva alguna.
Esta medida, terminó de crispar los nervios de concesionarios, operadores y empresarios vinculados con los puertos públicos y de aquellos que están manejados mediante consorcios de gestión, que no fueron alcanzados por el beneficio.
La polémica medida establece que las terminales portuarias deberán abonar en forma mensual $6 por cada tonelada o fracción superior a los 500 kilos de mercadería con destino a exportación y $18 en el caso de importación.
En diálogo con este medio, José Luis Pinto, presidente de Casport, la principal operadora de carga de fertilizantes y mineral de hierro de San Nicolás, aseguró que “esta iniciativa es mucho más grave que el proyecto original, porque es discriminatoria y fomenta la competencia desleal”.
“Se castiga a los puertos públicos y nadie va a querer poner un peso para realizar una inversión”, disparó el directivo, quien aseguró que “había proyectos por más de u$s20 millones en San Nicolás para el próximo año y ahora está todo parado”.
Puertos sin carga
En este contexto, tal como había adelantado a este medio el directivo de una de las terminales más importantes, “un día después de que se apruebe el proyecto, el 60% de la carga en container y a granel de importación y exportación que se mueven actualmente por la Provincia, van a pasar a operarse por otras terminales. Esto tendrá un impacto enorme en el nivel de actividad portuaria y logística”.
En el caso de San Nicolás, Pinto destacó que, como “estamos a ocho kilómetros del límite con Santa Fe, toda esa carga va a ir sí o sí por Rosario”.
”Es una ley totalmente injusta e irracional. Nadie discute que la provincia deba recaudar impuestos, pero no de esta manera. Va a ser totalmente contraproducente, y va a determinar que las empresas que trabajan en estos puertos, directamente cierren sus puertas. Se van a terminar fundiendo”.
Según Pinto, en San Nicolás “se van a perder de manera directa más de 2.000 puestos de trabajo, además de todos los empleos vinculados indirectamente. A esto hay que sumarle el impacto en otras terminales".
Importadores, en alerta
En diálogo con este medio, Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), aseguró que con esta iniciativa, “los puertos provinciales quedan fuera de combate”.
“Lo que me preocupa es que desde el gobierno bonaerense adelantaron que estudiarían cambios para no perjudicar a las exportaciones. Espero que esto no implique que los importadores seamos los que paguemos el pato de la boda una vez más”, disparó el directivo.
“Sería grave que beneficie únicamente a los exportadores, pensando que castigando a las importaciones no se perjudica a nadie. Es un error porque por los puertos de la provincia de Buenos Aires entran gran parte de las materias primas y bienes de capital para la industria y el campo”.
En este contexto, Santisteban pidió al ministro de Economía, Alejandro Arlía, que “sea conciente que el cargo a las importaciones, que es el triple del de las exportaciones, implicaría un sobrecosto mortal que afectará a los puertos y a los consumidores”.
(c) iProfesional.com
24/09/2009
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