Desde ACARA denuncian que su rentabilidad está siendo "confiscada" y reclaman una reforma fiscal. En agosto, el sector le iniciará juicio al Estado porteño.La presión impositiva sobre la venta de autos cero kilómetro alcanza el 72% en casi todo el país debido a las diferentes tasas que cobran por separado a la actividad los Estados nacional, provinciales y municipales.
En las provincias, las concesionarias afrontan el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (sobre el valor total de cada coche), Impuesto al Valor Agregado (IVA), e impuesto a los débitos y créditos bancarios (conocido como "impuesto al cheque").
Asimismo, crece aceleradamente la cantidad de municipios que están comenzando a cargar impuestos como Tasa de Seguridad e Higiene o Impuesto a la Publicidad Interna, con los cuales buscan mejorar su recaudación. El impactante desempeño de la venta de autos en los últimos seis años hizo que, con el advenimiento de la crisis mundial, los Estados aumentaran la presión tributaria sobre los sectores con mejor rentabilidad. Así como la Nación gravó con hasta el 35% (el techo permitido por la Constitución Nacional) a algunas exportaciones como la de soja, la presión también se disparó en el plano comercial interno del país.
Unas 712 concesionarias nucleadas en de la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (ACARA) denuncian que su rentabilidad está siendo "confiscada" y reclaman una reforma fiscal. El presidente de ACARA, Dante Alvarez, señaló a la Agencia NA que si no se implementa una reforma tributaria que elimine la contraposición de impuestos entre las esferas del Estado, será muy difícil tornar competitivos a sectores clave de la economía.
Explicó que hay casos en los que un municipio cobra un impuesto muy similar a un gravamen que ya está siendo retenido por la provincia, lo cual eleva la presión tributaria sólo por falta de organización. Consideró que es clave que los sectores a los que le va bien hagan su aporte para el crecimiento del país, pero advirtió que no se puede "ahogar con impuestos" a las actividades porque no es sustentable.
El cobro tripartito de impuestos por parte de la Nación, las Provincias y los municipios hace que el Estado se termine quedando con hasta el 72% de la rentabilidad del sector, lo cual excede en más del doble el tope legal de retenciones.
El problema se agrava para los empresarios porque no pueden trasladar la presión impositiva a los precios, porque los valores de los coches son "sugeridos" por cada una de las terminales que fabrican las unidades para que haya equilibrio en las ventas. Además, el sector -que comercializa bienes durables registrables- paga los impuestos al momento de comprarle los coches a las terminales, y no cuando se los vende a los consumidores.
Así, el sector afronta la presión tributaria aún cuando no completó su actividad comercial y reclama que, por ejemplo, Ingresos Brutos sea cobrado sobre las comisiones, y no sobre los movimientos totales de dinero que demandan las compras y ventas.L
as concesionarias que operan en el país llevan adelante demanda judiciales contra algunas provincias, como Buenos Aires (desde 2008), Córdoba y Santa Fe (2009), por considerar que sus tasas impositivas son confiscatorias. Ahora, durante los primeros días de agosto, el sector le iniciará juicio al Estado porteño por el incremento del 33% en la alícuota de Ingresos Brutos en junio pasado.
El 10 de junio pasado, la Legislatura porteña aprobó un paquete de leyes en el que se incluyó el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos al sector financiero y a unos 2.100 contribuyentes que facturan más de $30 millones anuales. La alícuota subió 1 punto porcentual, al pasar de 3 a 4%, por lo que la suba nominal para los sectores afectados fue en realidad del 33%, lo cual permite que sólo ese gravamen se quede con el 36% de la rentabilidad.
Por cada $100 pesos, las 94 concesionarias que operan en la Capital Federal tienen un margen de $13, a lo que deben descontarle $4 de Ingresos Brutos y $4 de percepción del IVA. Como el gravamen tiene en cuenta el movimiento neto de dinero que realiza las actividades a las que afecta, todas las concesionarias se ven afectadas debido a que superan los 30 millones porque los autos tienen un valor promedio de $60 mil. Las concesionarias dejarán este año unos $256.238.422 más al Estado porteño en concepto de Ingresos Brutos, respecto de 2009, dado el incremento en los precios y en la alícuota de ese gravamen.
Fuente: Iprofesional.com
26/07/2010
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