30 sept 2009

Con el visto bueno de la CNV, avanza la adopción de normas contables globales.

El directorio del organismo a cargo de Eduardo Hecker aprobó el proyecto definitivo que contiene las pautas a respetar -a partir de 2011- por las empresas que cotizan en bolsa. Acceda al texto completo de la iniciativa y conozca los puntos salientes del nuevo esquema normativo.

La idea de adoptar las normas contables globales no se detiene. Al respecto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó el proyecto definitivo que contiene las pautas a respetar -a partir de 2011- por las empresas que cotizan en bolsa.

Desde el organismo conducido por Eduardo Hecker precisaron que "ya se encuentra subido a la Web institucional el proyecto de resolución general para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la preparación y presentación de los estados financieros de las entidades que hacen oferta pública de sus acciones y obligaciones negociables". Para acceder al texto completo de la iniciativa haga click aquí.

"Las pautas se aplicarán a los balances correspondientes a ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2011", agregaron desde la CNV.

Como punto no menor, el organismo de control aclara que las nuevas condiciones serán optativas “para las pequeñas y medianas empresas que, hagan oferta pública y coticen sus acciones bajo el régimen simplificado reglamentado por la CNV”.

Claves del nuevo marco

Puntos Importantes
  • El directorio del organismo a cargo de Eduardo Hecker aprobó el proyecto definitivo que contiene las pautas a respetar -a partir de 2011- por las empresas que cotizan en bolsa.
  • Acceda al texto completo de la iniciativa y conozca los puntos salientes del nuevo esquema normativo.
La iniciativa subida a la Web fue confeccionada teniendo en cuenta la resolución técnica 26, emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce).

Desde la Facpce explicaron a iProfesional.com que "en líneas generales, el primer grupo alcanzado, refiere a las compañías incluidas en el régimen de oferta pública establecido por la CNV".

Por lo tanto, desde la entidad a cargo de Jorge Paganetti, advirtieron que se excluye taxativamente de la obligación a las siguientes organizaciones:

  • Las restantes entidades bajo control de la CNV, tales como: Sociedades gerentes y depositarias de fondos comunes de inversión;
  • Fondos comunes de inversión;
  • Fiduciarios ordinarios públicos y fiduciarios financieros, inscriptos en los registros que lleva la CNV;
  • Fideicomisos financieros autorizados a la oferta pública;
  • Mercados de futuros y opciones;
  • Entidades autorreguladas no bursátiles;
  • Bolsas de comercio con o sin mercado de valores adherido;
  • Cajas de valores;
  • Entidades de compensación y liquidación; y
  • Cámaras de compensación y liquidación de futuros y opciones.

A su vez, la resolución técnica deja abierta la puerta a que todas las empresas no alcanzadas puedan aplicar las NIIF de manera opcional, siempre a partir de 2011.

Por otra parte, se establece que las empresas obligadas a implementar las normas contables internacionales sólo podrán dejar de hacerlo cuando ya no se encuentren incluidas en el régimen de oferta pública de la CNV.

De haberlas aplicado de manera opcional, la compañía podrá dejar de hacerlo fundamentando su decisión. Complementariamente, se establecen pautas a tener en cuenta por las entidades que presenten estados contables consolidados.

Tareas previas de adopción


Si bien las pautas publicadas por la CNV no permiten la adopción anticipada, el primer grupo de empresas que se encuentran obligadas comenzarán a realizar tareas extras a partir de los balances de este año.

Más precisamente, respecto a los estados contables anuales correspondientes al ejercicio que se inició a partir del 1° de enero pasado deberán:

  • Identificar la norma que pone en vigencia las NIIF para la entidad y la fecha de cierre del ejercicio anual y del período intermedio en los que se prepararán los estados contables de acuerdo con las NIIF, por primera vez;
  • Elaborar una manifestación en donde se deje asentado que se están evaluando los efectos de la adopción de las normas contables internacionales, o, en los casos en que la entidad haya concluido su análisis y tenga determinados los efectos del cambio, se deberán adjuntar las conciliaciones respectivas.

El trabajo aumentará aún más respecto de los estados contables anuales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir del 1 de enero de 2010. Al respecto las compañías deberán adjuntar:

  • Una conciliación entre el patrimonio neto determinado de acuerdo con las normas anteriores y el que surja según las NIIF.
  • Una conciliación entre el resultado integral total del ejercicio determinado de acuerdo con las NIIF y el importe equivalente a dicho resultado integral, determinado a partir de los estados contables de la entidad, preparados de acuerdo con las normas anteriores.

“Cuando los ajustes o reclasificaciones en el estado de flujo de efectivo sean significativos, se deberá adjuntar una conciliación entre el efectivo y sus equivalentes y los totales de cada una de las causas de su variación determinados de acuerdo con las normas anteriores y los determinados de acuerdo con las NIIF”, agrega el nuevo marco normativo.

Cambios salientes
A fin de puntualizar las principales entre ambos esquemas normativos, desde Deloitte, resumieron las diferencias centrales de adoptar las NIIF al momento de presentar los balances y de reconocer los efectos de la inflación, entre otros aspectos.

Respecto a la presentación de los estados contables, desde la consultora puntualizaron que las normas contables argentinas prevén que:

  • Los estados contables consolidados se presentan como información complementaria.
  • Los activos y pasivos se deben clasificar en corrientes y no corrientes en función de un período de 12 meses.
  • Se presenta información complementaria a los estados contables básicos requerida por normas legales y profesionales.

Mientras que las normas contables internacionales establecen que:

  • Los estados contables consolidados constituyen los estados principales.
  • Los activos y pasivos pueden clasificarse en corrientes y no corrientes en función de un período de 12 meses o del ciclo operativo de la entidad.
  • Se presenta información complementaria en mayor cantidad y detalle que las exigidas localmente.

Otro tema de vital importancia para las empresas reside en la forma de reconocer los efectos de la inflación en el balance contable. Al respecto, los expertos consultados señalaron que las normas locales prevén que el reconocimiento:

  • Es solamente requerido para los estados contables emitidos en un contexto de inflación, deflación o hiperinflación. No se admite el ajuste cuando el contexto es considerado de estabilidad monetaria. Asimismo el índice de precios utilizado es el mayorista (IPIM).

En cambio, las normas internacionales prontas a implementarse establecen que la inflación debe ser reconocida en:

  • Estados contables emitidos en economías bajo un contexto de hiperinflación (100% en tres años). Respecto al índice de precios, se utiliza el índice de precios al consumidor (IPC).

A modo de conclusión, desde la CNV explicaron que "la decisión de avanzar hacia la presentación de los estados financieros de acuerdo a las NIIF, apunta a que los mercados se apoyen en una información adecuada, cualificada, confiable y oportuna".

"Las NIIF se están convirtiendo en el lenguaje contable global, indispensable para el adecuado funcionamiento de un mercado de capitales que también se ha vuelto global", concluyeron desde la CNV.



Fuente: INFOBAE PROFESIONAL
Periodista/Autor: Hernán Gilardo
Sitio Relacionado: http://www.infobaeprofesional.com
29/09/2009

29 sept 2009

Impuesto a la renta financiera.

Este nuevo impuesto le pone la lápida al mercado de capitales. Si tiene plazo fijo, acciones, títulos públicos o seguros de vida, lea esta nota.


Un proyecto presentado por el Senador Rubén Giustiniani, prevé gravar con impuesto a las ganancias las imposiciones en bancos de la República Argentina, cuando estas superen la cifra de $ 100.000 ya sea en cajas de ahorro, cajas de ahorro especiales o plazo fijo. Esto no solo afecta a los depósitos en entidades financieras, sino también a la renta derivada de títulos públicos, acciones u otros instrumentos que deriven en renta financiera, como también las ganancias que deriven de la compra-venta de los mismos. Este tributo afectaría también la renta de los seguros de vida y mixtos, con excepción de los seguros de retiro privado.

Esta ley estaría siendo impulsada por el poder ejecutivo, ya que de esta forma y según el proyecto del propio senador de la provincia de Santa Fe, se podría incrementar la recaudación en aproximadamente 8.000 millones de pesos.

La ley pretende aplicar un impuesto a los capitales especulativos, y de esta forma equilibrar la desigualdad tributaria en nuestro país, que en forma mayoritariamente apunta a tributos ligados al consumo, al decir del legislador.

Esta ley afectará al ahorro nacional, que a la fecha es escaso, debido a las innumerables violaciones del derecho de propiedad que se fueron produciendo a través de los años. Casos sonados como el plan Bonex, incautación de depósitos, pesificación de plazos fijos, quita en los bonos de la deuda pública o estatización de las AFJP no han hecho otra cosa que espantar a los inversores hacía países con más racionalidad, que como mínimo devuelvan a los inversores lo depositado.

Con esta ley se pretende colocar un impuesto a lo que ya no existe en Argentina, que es el ahorro vía instituciones financieras. El gobierno nacional no puede colocar deuda nueva, porque no honro la que ya había colocado. Las provincias no pueden salir a colocar bonos porque están cerca de emitir moneda secundaria, antes que salir a buscar financiamiento genuino. Las empresas en bolsa se retiran y las de capital nacional quedan a merced de las empresas extranjeras por carecer de crédito en nuestro país.

Gravar la renta financiera es dar un paso más a cerrar el crédito para los argentinos. Los inversores pagarán el tributo, pero demandarán más tasa de interés. Esta mayor tasa la terminará pagando Doña Rosa cuando vaya a buscar un crédito personal o desee financiar el saldo de su tarjeta.

Si la estatización de las AFJP sepulto al mercado de capitales, el tributo a la renta financiera le pone la lapida y un ramito de violetas. Con este escenario difícil que el mercado pueda salir adelante, y la industria financiera nuevamente perjudicada. Les recordamos al gobierno y a los legisladores que en el mercado de capitales también trabajan argentinos y que con medidas como esta los dejan en la calle y sin empleo. Todo esto sin contar los que se quedaran sin crédito por este tributo y lo que empleos no se podrá generar a futuro por tener que trabajar solo en efectivo. Muchas gracias Gobierno y Congreso Nacional.



Fuente: ON 24
Sitio Relacionado: http://www.on24.com.ar
29/09/2009

27 sept 2009

Siete países firmaron el convenio constitutivo del Banco del Sur.


La Presidenta argentina participó de la iniciativa. La flamante entidad contará con un capital autorizado de 20.000 millones de dólares.

Siete países suramericanos firmaron en la venezolana Isla de Margarita, el convenio constitutivo del Banco del Sur que contará con un capital autorizado de 20.000 millones de dólares.

Los presidentes de Argentina, Cristina Fernández; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Paraguay, Fernando Lugo; Uruguay, Tabaré Vásquez y Venezuela, Hugo Chávez, firmaron el acuerdo durante la II Cumbre América del Sur-África que se celebra este fin de semana en la isla venezolana. Al acto en que se selló el convenio asistió como invitada la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Unas horas antes, durante una de sus intervenciones en la plenaria de la Cumbre de países sudamericanos y africanos, Chávez anunció el acuerdo de creación del Banco del Sur con un capital autorizado de 20.000 millones de dólares, según Efe. "Esta noche hemos decidido conformar el Banco del Sur", dijo el presidente venezolano. El pasado mes de mayo, los ministros de Economía de los siete países alcanzaron en Buenos Aires el acuerdo definitivo para crear la entidad bancaria cuya creación ya había sido pactada en diciembre de 2007 por los mandatarios. "Hemos cerrado todos los puntos pendientes y por tanto ésta ha sido la última reunión ministerial", anunció el entonces ministro argentino de Economía, Carlos Fernández, en aquella ocasión.

Los ministros abogaron en favor de que el Banco se pusiera en marcha "cuanto antes" para lograr "la integración financiera" de los países que lo impulsaron. El proyecto del Banco del Sur fue puesto en marcha formalmente por mandatarios y autoridades de los siete países fundadores en Buenos Aires el 9 de diciembre de 2007, un día antes de la toma de posesión de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de Argentina. En la reunión de ministros de Economía del pasado mes de mayo, el acuerdo estatutario alcanzado preveía poner en marcha el Banco con un capital inicial de 7.000 millones de dólares.

Según un documento oficial entregado a la prensa, el Banco cuenta con recursos autorizados de 20.000 millones de dólares, y un capital suscrito de 10.000 millones de dólares. El texto precisa que Argentina, Brasil y Venezuela aportan cada uno 2.000 millones de dólares; Ecuador y Uruguay 400 millones cada uno, y Bolivia y Paraguay 100 millones de dólares cada uno, sin precisiones. En mayo pasado, se informó también que cada socio tendría un voto en el directorio, pero la aprobación de préstamos mayores a 70 millones de dólares necesitaría el apoyo de los dos tercios del capital suscrito en el banco, cuya sede estará en Caracas con oficinas en Buenos Aires y La Paz. Los siete mandatarios que hoy sellaron el convenio constitutivo de la nueva entidad han coincidido en repetidas ocasiones en indicar que este Banco apunta a financiar el desarrollo económico de Suramérica con un modelo completamente diferente al del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

Fuente: Infobaeprofesional.com
27/09/2009

En silencio, el Gobierno busca asegurarse emisión de deuda por $9.200 M.


Aseguran que el proyecto de Presupuesto que se envió al Congreso prevé el manejo discrecional de fondos para obra pública y compra de aviones.


Hace más de diez días, el Gobierno envió el proyecto de ley de Presupuesto 2010 al Congreso para su tratamiento.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Palacio de Hacienda, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) que se espera para el año que viene es de cerca del 3 por ciento.

Por otra parte, las estimaciones respecto de la inflación son del orden del 7% y se espera que el dólar se ubique en un valor cercano a los 3,95 pesos.

En general, la composición económica del gasto 2010 se distribuirá en prestaciones de la seguridad social, en un 35%; transferencias corrientes, 25%; gastos de consumo, 16%; gastos de capital, 14%; y rentas de la propiedad, 10 por ciento.

Asimismo, en el proyecto el Gobierno se compromete a "seguir avanzando en el proceso de regularización de los pagos de la deuda pendiente de reestructuración, tanto aquella no ingresada al Canje del año 2005 como las mantenidas con Organismos de Créditos Bilaterales y acreedores privados".

Sin embargo, según destaca el diario La Nación en su edición de hoy, camuflado entre su articulado, para que pase lo más inadvertido posible, el proyecto lleva consigo el plan que seguramente servirá de sustento para el plan regreso de Néstor Kirchner.

Si el presupuesto se aprueba tal como está hoy, es decir, si los diputados y senadores no tratan en particular el articulado y levantan la mano para la aceptar la norma a libro cerrado, pues habrán aprobado una combinación de artículos que le dan la posibilidad al Gobierno de emitir deuda por alrededor de 9.200 millones de pesos, para un plan de obras que por ahora es una incógnita y que para colmo, no se computarán como gasto sino como inversión financiera.

Esto permitirá mostrar un superávit que en verdad, nunca existirá.

"En este contexto de mayor restricción fiscal, el gobierno recurre a un mecanismo inusual para financiar obras públicas, que permitiría no registrar un aumento del gasto y en consecuencia no tendría impacto en el resultado primario y el resultado financiero", dijo al matutino Gerardo Uña, investigador principal de la Fundación Siena.

Cómo funciona el esquema

Mediante el artículo 17 del proyecto, se faculta al Poder Ejecutivo para crear, a solicitud del Ministerio de Planificación Federal, un programa de inversiones prioritarias.

Se establece allí que los gastos de este programa se consideran un activo financiero y serán tratados presupuestariamente como adelantos a proveedores y contratistas hasta su finalización. Esto implica que no se presupuestan como gastos de capital y, por lo tanto, no incrementan el nivel de gasto.

Esto se complementa con el artículo 44, que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público adicionales hasta un monto máximo de 4500 millones de pesos, más la suma de 1200 millones de dólares, aproximadamente $4620 millones, si se toma el tipo de cambio actual. Tendrá para entretenerse el ministro Julio De Vido, con algo más de 9000 millones de pesos que sólo se dispararán si él los reclama.

De acuerdo con un análisis realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), "una consecuencia de este procedimiento es que los gastos que se realicen en virtud de él no son computados como gasto público y, por tanto, su subestimación distorsiona el resultado financiero del ejercicio".

En diálogo con La Nación, Uña dijo que la inclusión de estos artículos impacta en dos dimensiones muy relevantes del presupuesto público: "En primer lugar, se subestima el nivel de gasto público y en consecuencia el resultado primario y financiero. Por ejemplo, entre las inversiones se menciona la compra de aviones Embraer y Airbus, que si bien no se explicita, serian destinados a Aerolíneas Argentinas. Para estas inversiones se autoriza la utilización del 90% del monto global autorizado en dólares, aproximadamente $4200 millones. Si sólo esta operación se perfeccionara totalmente en el año 2010 y se imputara correctamente como gasto de capital, el resultado primario disminuiría un 15%, alcanzando el 1,84% del PBI y el resultado financiero presentaría un déficit de 0,3% del PBI".

Por último, para el diputado Claudio Lozano, el problema está en que se han sobredimensionado los ingresos. "El proyecto incluye una previsión de recursos que está por encima de la que se va alcanzar y un gasto por debajo de lo que es esperable. Por lo tanto, el cierre del ejercicio 2010 parece mucho mas comprometido que el de este año. En lugar de los casi $ 50.000 millones expuestos como brecha a financiar esta puede ser entre $ 60.000 millones y $ 75.000 millones", resumió.

Fuente: Infobaeprofesional.com
27/09/2009

Piden a la AFIP que investigue el vínculo entre obras sociales y droguerías truchas.

La Justicia solicitará el cruce de datos de movimientos bancarios y financieros de prestadores y droguerías acusadas de proveer medicamentos adulterados.

La Justicia federal pedirá en las próximas horas al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que investigue los movimientos comerciales y financieros de un grupo de obras sociales, droguerías y laboratorios sospechados en el marco de la causa de la denominada mafia de medicamentos adulterados. La decisión de solicitar al organismo recaudador que colabore con la investigación aportando la información que surja del entrecruzamiento de datos sobre las relaciones comerciales entre prestadoras médicas sindicales y las firmas San Javier y Multifarma fue tomada por el fiscal Luis Comparatore a través de una nota que elevó a los jueces federales Norberto Oyarbide y Ariel Lijo, que investigan dos causas conexas vinculadas con la provisión de remedios truchos.

Según confiaron a este diario fuentes de la fiscalía, los investigadores judiciales consideran que para poder avanzar y establecer la forma en que operaban las droguerías sospechadas y sus vínculos con las obras sociales, será necesario contar con informes detallados respecto de los movimientos bancarios, facturación y relaciones comerciales entre esas entidades. Los investigadores consideran que con los datos de la AFIP, sumados a los informes solicitados a la Superintendencia de Servicios de Salud y a la Administración de Programas Especiales (APE) respecto de los reintegros cobrados por las droguerías propiedad de Néstor Lorenzo en nombre de las obras sociales, podrían avanzar con la pesquisa y determinar responsabilidades en la causa.

Cerca de Comparatore evalúan que, aunque lo incautado en el marco de los allanamientos realizados a la obra social bancaria y las firmas de Lorenzo constituye prueba relevante para la investigación, un cruzamiento de datos provenientes del organismo recaudador aportaría nuevos elementos en especial acerca de los vínculos de San Javier y Multifarma con otras 50 obras sociales, entre las que se encuentra la obra social de camioneros, el gremio de Hugo Moyano. El objetivo de los investigadores judiciales es pedir también la asistencia de la Unidad de Investigaciones Finacieras o eventualmente la Inspección General de Justicia (IGJ), ya que sospechan que serían varias las prestadoras administradas por los gremios que habrían comprado remedios truchos para tratamientos oncológicos, de HIV y hemofilia.

Allanan casa de Zanola

Por otra parte, funcionarios judiciales encabezaron ayer un allanamiento en el departamento que el titular de La Bancaria, Juan José Zanola, tiene en el Barrio Norte porteño, oportunidad en que se incautó nueva documentación relacionada con la causa. “El resultado fue altamente positivo”, indicaron voceros judiciales acerca del operativo en el vivienda del sindicalistas, pero evitaron ofrecer otros detalles en vistas del secreto de sumario impuesto en la causa. Además, trascendió que en el transcurso de otras diligencias judiciales fue detenido un hombre que es investigado como supuesto testaferro de las droguerías acusadas de proveer remedios adulterados.

A su vez, se supo que una investigación encarada por el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez determinó un vínculo estrecho entre una colaboradora directa del ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli y la droguería San Javier. El propio Oyarbide admitió días estar al tanto de esa relación (que involucra a la ex funcionaria Alejandra Ongaro), mientras fuentes judiciales anticiparon que es uno de los puntos que deberá explicar Capaccioli cuando sea citado por el magistrado la próxima semana.



Fuente: EL CRONISTA COMERCIAL
Periodista/Autor: Analía Argento y Elizabeth Peger
Sitio Relacionado: http://www.cronista.com
25/09/2009

La AFIP cobrará impuesto a la riqueza a chacareros.



Los chacareros que exploten su propio campo deberán pagar el Impuesto sobre los Bienes Personales, además del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, por una interpretación de la AFIP sobre el alcance de las “explotaciones unipersonales”.

En cambio, los campos siguen exentos cuando interpongan la figura de una sociedad de hecho, arrienden la tierra o no la trabajen, casos todos en los que sí pagan el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

En un fallo, el Tribunal Fiscal dictaminó que se debe pagar el Impuesto sobre los Bienes Personales sobre los inmuebles rurales cuando éstos se hayan explotados por su dueño por conformar una empresa unipersonal.

La Ley de Ganancia Mínima Presunta (GMP) grava a las sociedades, empresas o explotaciones unipersonales cualquiera sea su actividad y, además, alcanza expresamente a los inmuebles rurales cualquiera sea su destino de uso, explicó Santiago Sáenz Valiente, del estudio Sáenz Valiente & Asoc.

Asimismo, se considera que el Impuesto sobre los Bienes Personales declara exento el inmueble rural en forma plena sin condicionarlo en función de su destino, aseguró Sáenz Valiente.

“Este juego armónico de normas llevó al productor agropecuario desde hace varios años a entender que el inmueble rural siempre quedaba alcanzado por GMP y exento de Bienes Personales”, explicó el especialista.

Sin embargo, en la causa “Camilo González”, la AFIP interpretó que la Ley de Bienes Personales dispone que deben pagar este tributo las personas físicas domiciliadas en el país y que entre sus bienes incluye a los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales, y por tanto, el contribuyente debió incluir el valor del inmueble rural afectado a la actividad agropecuaria, y el Tribunal Fiscal le dio la razón.



Fuente: EL CRONISTA COMERCIAL
Periodista/Autor: Dolores Olveira
Sitio Relacionado: http://www.cronista.com
25/09/2009


Impuesto a cargas: alertan que quebrarán empresas por competencia desleal.

Tras la aprobación del polémico proyecto de ley, que excluyó a las terminales privadas de la tasa a las cargas, operadores dispararon contra la medida, ya que supondrá un desvío automático de cargas a puertos de otras jurisdicciones y la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Finalmente, la legislatura bonaerense aprobó este miércoles el polémico proyecto de reforma tributaria, que tiene como objetivo cubrir una parte del déficit cercano a los u$s5.000 millones que sufrirá la Provincia cuando finalice 2009.

Tras interminables gestiones, el gobierno de Daniel Scioli resolvió que -a posteriori- se eximirá del tributo a las operaciones despachadas a través de terminales privadas.

Esto implica que la producción que empresas como Cargill, Bunge o Techint, que tienen puertos propios, le compren a industrias o productores agropecuarios para su posterior exportación, no sufrirán gravación impositiva alguna.

Esta medida, terminó de crispar los nervios de concesionarios, operadores y empresarios vinculados con los puertos públicos y de aquellos que están manejados mediante consorcios de gestión, que no fueron alcanzados por el beneficio.

La polémica medida establece que las terminales portuarias deberán abonar en forma mensual $6 por cada tonelada o fracción superior a los 500 kilos de mercadería con destino a exportación y $18 en el caso de importación.

En diálogo con este medio, José Luis Pinto, presidente de Casport, la principal operadora de carga de fertilizantes y mineral de hierro de San Nicolás, aseguró que “esta iniciativa es mucho más grave que el proyecto original, porque es discriminatoria y fomenta la competencia desleal”.

“Se castiga a los puertos públicos y nadie va a querer poner un peso para realizar una inversión”, disparó el directivo, quien aseguró que “había proyectos por más de u$s20 millones en San Nicolás para el próximo año y ahora está todo parado”.

Puertos sin carga
En este contexto, tal como había adelantado a este medio el directivo de una de las terminales más importantes, “un día después de que se apruebe el proyecto, el 60% de la carga en container y a granel de importación y exportación que se mueven actualmente por la Provincia, van a pasar a operarse por otras terminales. Esto tendrá un impacto enorme en el nivel de actividad portuaria y logística”.

En el caso de San Nicolás, Pinto destacó que, como “estamos a ocho kilómetros del límite con Santa Fe, toda esa carga va a ir sí o sí por Rosario”.

”Es una ley totalmente injusta e irracional. Nadie discute que la provincia deba recaudar impuestos, pero no de esta manera. Va a ser totalmente contraproducente, y va a determinar que las empresas que trabajan en estos puertos, directamente cierren sus puertas. Se van a terminar fundiendo”.

Según Pinto, en San Nicolás “se van a perder de manera directa más de 2.000 puestos de trabajo, además de todos los empleos vinculados indirectamente. A esto hay que sumarle el impacto en otras terminales".

Importadores, en alerta
En diálogo con este medio, Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), aseguró que con esta iniciativa, “los puertos provinciales quedan fuera de combate”.

“Lo que me preocupa es que desde el gobierno bonaerense adelantaron que estudiarían cambios para no perjudicar a las exportaciones. Espero que esto no implique que los importadores seamos los que paguemos el pato de la boda una vez más”, disparó el directivo.

“Sería grave que beneficie únicamente a los exportadores, pensando que castigando a las importaciones no se perjudica a nadie. Es un error porque por los puertos de la provincia de Buenos Aires entran gran parte de las materias primas y bienes de capital para la industria y el campo”.

En este contexto, Santisteban pidió al ministro de Economía, Alejandro Arlía, que “sea conciente que el cargo a las importaciones, que es el triple del de las exportaciones, implicaría un sobrecosto mortal que afectará a los puertos y a los consumidores”.


(c) iProfesional.com
24/09/2009

ART: Cristina firmará el decreto que triplicará las indemnizaciones.

La nueva norma también incorporará como enfermedades a cubrir dolencias como las lumbalgias o várices producidas por el trabajo habitual.

En cuanto regrese a la Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmará el decreto que modifica el régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). La nueva normativa cambiará dos puntos clave: se triplicarán las indemnizaciones por accidentes e incorporará nuevas enfermedades al listado a cubrir.

Puntualmente, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, confirmó este jueves en Pittsburgh que "la Presidenta quiere firmarlo cuanto antes".

En efecto, en Buenos Aires, un comité técnico redactaba el borrador de la medida, salvando las últimas diferencias, informa un matutino económico en su edición de hoy.

Igualmente, el esquema que será implementado a través del decreto presidencial no será definitivo. "Se hace así porque no hay otra forma de hacerlo ahora", agregó Tomada.

De esta manera, tal como adelantó iProfesional.com, se elevarían los topes indemnizatorios de los $180.000 actuales a $540.000 por el porcentaje de incapacidad. También, incorporará como enfermedades a cubrir dolencias como las lumbalgias o várices producidas por el trabajo habitual.


Sin embargo, los empresarios ven con preocupación cualquier medida que eleve los “costos” de sus compañías y prevén que la sola actualización de los topes implicaría un incremento de sus gastos del orden del 20 por ciento.

Para conocer, punto por punto, los nueve proyectos de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo haga clic aquí.

Fuente: Infobaeprofesional.com

27/09/2009



La presión tributaria no para y ya acumula un alza de u$s2.000 M.

En un contexto donde la caja de numerosas provincias no cierra, la única salida que encuentran es gravar el consumo y la actividad productiva.

Al menos 15 de las 24 provincias tienen sus cuentas en rojo y existen varias de ellas que temen no poder cancelar sus obligaciones a mediano plazo.

Gastos en alza, ingresos que no alcanzan y, ante ello, surge lo inevitable: avanzar en crear más impuestos o aumentar los existentes.

Algunos distritos ya han implementado y otros analizan reformas tributarias que les permitan recaudar una mayor cantidad de dinero.

“El gasto público está en el récord histórico de todos los tiempos”, advirtió el economista y director de M&S Consultores Carlos Melconian días atrás, quien además resaltó que el Gobierno Nacional se quedó sin fondos para girarles a las provincias. “No está la plata, se gastó”.

En este contexto, ocho jurisdicciones ya aplicaron incrementos que, en su mayoría, gravan la actividad productiva, tal como había anticipado este medio (lea más: Golpe al bolsillo: avanza un "festival de impuestos" para financiar problemas de caja).

Según publica el diario Clarín, las reformas impositivas implementadas en varios distritos le aportarán a las provincias este año una recaudación extra de 0,6 puntos del PBI a lo recaudado en 2007, el equivalente a unos u$s2.000 millones.

Según la consultora Economía & Regiones (E&R) que dirige Rogelio Frigerio, marca que en 2007 las provincias recaudaron por el equivalente al 4,2% del PBI, en 2008 el 4,4% y, este año, subirán al 4,8%.

Estos cambios tienen un sesgo regresivo: el grueso de los ingresos provinciales gravan el consumo y la actividad productiva y es insignificante la imposición sobre la propiedad.

Según el matutino, el estudio de E&R ubica a la provincia de Buenos Aires al tope del ránking de presión tributaria provincial: 6,03% de su Producto Geográfico, porcentaje que volverá a subir en 2010 tras la sanción de la reciente reforma impositiva.

Sobre la estructura de recaudación, Nadin Argarañaz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, señala que "cerca del 80% de los recursos propios provinciales provienen de impuestos directamente relacionados con el ciclo económico (Impuesto a los Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos). Por otra parte, las transferencias por coparticipación provenientes de la Nación han evidenciado una importante merma en su crecimiento durante los últimos meses, debido a la caída en la actividad económica. Esto, sumado a la rigidez del gasto público provincial (compuesto principalmente por gasto en personal) dificulta la posibilidad de realizar ajustes por el lado del gasto. Las provincias, ya desde mediados de 2008, comenzaron a aplicar subas en sus principales tributos, en algunos casos de considerable magnitud".

Con 15 de las 24 provincias en déficit fiscal y con un rojo consolidado que superaría $ 10.000 millones este año (ver aparte), el impuestazo y el "ajuste" del gasto serían las variables para enfrentar el difícil escenario de 2010.

Fuente: Infobaeprofesional.com
27/09/2009

24 sept 2009

La Oncca mantiene suspendido pago de subsidios a feedlots por falta de controles.

Hace tres semanas se pagó la última compensación. En el organismo se excusan en la demora para cruzar datos con la AFIP. Cancelaron tres pagos por irregularidades.

Las denuncias de irregularidades en el pago de compensaciones por parte de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) a los feedlots Paseo Lagunas y Paseo Las Lagunas, ubicados en la localidad de Carlos Casares, provocó la suspensión de los pagos a todos los establecimientos de engorde a corral que se presentaron para cobrar el subsidio.

Según informaron directivos de la Tesorería del organismo a algunos dueños de feedlots que concurrieron a la oficina para cobrar, los giros están en stand by desde hace tres semanas “hasta próximo aviso”, dijo a El Cronista el titular de un establecimiento bonaerense. “Todos los pagos están suspendidos porque se están realizando auditorías y fiscalizaciones importantes”, le dijeron al productor en la Oncca. Sin embargo, ante la consulta de este diario, en el organismo afirmaron que “puede haber revisión en algunos casos”, pero que los pagos “no están suspendidos”. Aún así, según se puede ver en la página web de la Oncca, la última resolución autorizando pagos fue publicada el 4 de septiembre.

Además, el organismo presidido por Emilio Eyras está revocando autorizaciones de compensaciones por detección de irregularidades. Mediante la resolución 7.535 publicada ayer en el Boletín Oficial, la Oncca canceló tres aprobaciones de subsidios por casi $ 3 millones a establecimientos de engorde de ganado bovino por comprobar que “presentaban irregularidades en la documentación del Senasa”.


Según explicó Eyras en un comunicado, “esta medida no significó ningún perjuicio fiscal al Estado, por cuanto en dos de los casos no se llevaron adelante los pagos, y en el restante, frente a la intimación de la Oncca, los fondos fueron íntegramente restituidos”. “Estas acciones de contralor, que funcionan correctamente, se inscriben en el programa de control del organismo que estamos implementando”, añadió el funcionario.

Medidas de control

Eyras se reunió el lunes pasado con el presidente de la Cámara Argentina de Engordadores de Hacienda Vacuna (CAEHV), su tocayo Juan Carlos Eiras, para analizar de manera conjunta nuevos mecanismos de control que mejoren el sistema y garanticen una total transparencia. En esta reunión, el titular de la Oncca le comunicó que en los próximos días estaría dando a conocer una batería de medidas tendientes a eficientizar la fiscalización del pago de las compensaciones. Entre ellas, se destaca el recientemente anunciado acuerdo con la AFIP para cruzar información respecto de la capacidad económica y patronal de la empresa que reclama el pago de los subsidios. El organismo le solicitará a la AFIP un certificado –explicó Eyras en el comunicado– de Capacidad Económica y Patronal, con carácter previo a la autorización de las compensaciones.

Otra de las medidas apunta a lograr una mayor fiscalización a campo, que se concretará con personal prestado de la AFIP.

La preocupación del sector es que estos nuevos mecanismos de control terminen burocratizando el sistema y demore aún más los plazos de pago. “No nos preocupa que paren por tres semanas para ordenarse, pero sí que la mayor fiscalización entorpezca el esquema y genere retrasos mayores”, dijeron en la CAEHV.


Fuente: EL CRONISTA COMERCIAL Periodista/Autor: Natalia Donato y Paula López Sitio Relacionado: http://www.cronista.com
24/09/2009

REFORMA FISCAL / BUSCAN PALIAR EL GRAVE DEFICIT PROVINCIAL


BUENOS AIRES: El alza de impuestos alcanzará a 1,3 millones de bonaerenses.
Parte de las medidas, como la tasa portuaria y el alza de patentes, se aplicarán ya desde octubre.


LA PLATA.- El paquete impositivo incluido en la reforma fiscal pergeñada por el gobierno bonaerense, y que el Senado provincial convirtió ayer en ley, alcanzará a más de 1,3 millones de contribuyentes, que recibirán aumentos en los impuestos inmobiliario urbano y rural y en las patentes de automotores. Asimismo, la real incidencia del nuevo gravamen a la carga y descarga en las 14 terminales portuarias de la provincia -5 estatales y 9 privadas- podría influir en los costos de miles de productores de la provincia, si es que los consorcios portuarios transfieren la imposición a los costos de sus usuarios.

La provincia busca recaudar entre 1500 y 2000 millones de pesos en 2010 y se propone aplicar parte del paquete -los tributos a los puertos y a las patentes- ya a partir del mes próximo, para intentar paliar el déficit fiscal, que rondaría los $ 8000 millones al cabo del ejercicio.

En la sesión de ayer, el oficialismo contó con 28 votos propios, contra los 12 de la oposición conformada por ARI y los radicales, en un tratamiento sobre tablas. No estuvieron en la sesión los senadores del Frente para la Victoria (FPV) Marta Helguero y Ricardo Lissalde, de gira por el exterior, y Viviana Arccidiacono, con fractura de cadera. Sugestiva fue la ausencia de los dos representantes de Unión Pro, Julio Salemme y José Nieto, y el faltazo del radical K Carlos Ferreyra. Si los de Pro y el cobista hubieran estado, al oficialismo le hubiera faltado un legislador para poder aprobar el paquete.

En su argumentación, los legisladores del kirchnerismo remarcaron el carácter "progresivo y de equidad" que, dijeron, guía la iniciativa. También reconocieron la necesidad de recursos del fisco provincial. Los opositores destacaron el perjuicio para sectores productivos y señalaron la necesidad de pensar en gravar a otros sectores, como los juegos de azar.

En el tratamiento en particular, dos legisladores del oficialismo, Elsa Strizzi y Santiago Nardelli, ambos de Bahía Blanca, votaron contra el impuesto a los puertos; en tanto el necochense y también del FPV Javier Mazza se abstuvo.

Tras la votación, el bloque oficialista propuso crear una comisión de seguimiento de la reforma, un guiño para dejar abierta la posibilidad de introducir correcciones a la norma en el futuro.

La iniciativa que ayer quedó convalidada en el Senado provincial contempla aumentos del orden del 20% en el inmobiliario urbano para 804.110 viviendas de valuación fiscal superior a $ 100.000. Representa el 13% de las más de 7 millones de casas que tributan el gravamen. En tanto, para el 44% no habrá cambios y un 43% tendrán descuentos. En este último grupo se incluye un millón de viviendas valuadas en menos de $ 25.000, que quedarán exentas de la imposición.

Inmobiliario rural

Además, se fijaron subas en el inmobiliario rural, que en la zona núcleo de producción sojera serán superiores y llegarán hasta un 130%. En este caso, una docena de distritos afectados por la sequía quedaron exentos y para otros 18 partidos se dispuso que el aumento no pueda superar el 33%. Las entidades agropecuarias evalúan hacer un paro.

La ley incorpora una suba en las patentes de autos de más de $ 40.000 y se modifica la forma de gravar la transferencia de los rodados usados eliminando el impuesto de ingresos brutos -que hoy se evade en cerca del 80%-, que será reemplazado por sellos.

Según se indicó, el 70% del parque automotor de la provincia, constituido por 1,5 millones de vehículos, está valuado en menos de $ 40.000 y tributará un 5% menos de lo abonado en 2009. En cambio, para el 30% restante -unos 450.000 coches-, las subas serán de hasta 5%, salvo para los considerados de "alta gama", de más de 152.000 pesos, para los cuales habrá una suba mayor.

La ley crea, además, dos impuestos:

  • Una alícuota adicional de ingresos brutos para el movimiento portuario de todo tipo de mercadería con excepción de (áridos) piedra y arena y productos de la pesca artesanal. La tasa de carga se fijó en $ 6 por tonelada, la de descarga en $ 18 y el denominado removido, en $ 3.

  • Un impuesto a la transferencia gratuita de bienes -herencia, sucesiones, donaciones-. En rigor, se regula lo ya dispuesto por la ley provincial de educación (N° 13.688), que creó ese gravamen, aunque nunca llegó a aplicarse.

Fuente: LA NACIONLINE
Periodista/Autor: Pablo Morosi
Sitio Relacionado: http://www.lanacion.com.ar
24/09/2009

23 sept 2009

El Senado bonaerense ya convirtió en ley la reforma impositiva.

La iniciativa, que contaba con media sanción de Diputados, se impuso por 28 votos a 12. Prevé la creación de un gravamen para la carga y descarga en puertos, ajusta el impuesto inmobiliario rural y urbano, y crea un tributo para las herencias

El Senado bonaerense aprobó y convirtió en ley esta tarde la reforma impositiva impulsada por el gobernador Daniel Scioli, que generó un fuerte rechazo por parte del sector rural.

El proyecto convertido en ley prevé la creación de un gravamen para la carga y descarga en puertos, ajusta el impuesto Inmobiliario Rural y Urbano y crea un tributo para las herencias.

El oficialismo consiguió reunir el número necesario de senadores para tratar sobre tablas el proyecto, que finalmente tuvo el respaldo de 28 legisladores y 12 votos en contra de la oposición (ARI, GEN y UCR), en un debate que duró poco más de dos horas y media.

De esta manera, la iniciativa fue convertida en ley, en una votación en general sin modificaciones, ya que tenía media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense.

En la votación particular, el artículo 26, que impone un gravamen a la carga y descarga en los puertos bonaerenses, fue el que generó diferencias en el bloque oficialista.

Al respecto, este artículo tuvo el voto negativo de los senadores Elsa Strizzi y Santiago Nardelli, mientras que Alberto Javier Mazza se abstuvo.

De esta manera, este artículo tuvo en particular el apoyo de 26 legisladores, otros 14 en contra y una abstención.

La nueva norma que entrará en vigencia en el 2010, es resistida por las cuatro entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace Provincial y por los operadores portuarios.

El cuerpo normativo contiene las siguientes modificaciones tributarias:

* Impuesto Inmobiliario Urbano. La reforma elimina o mantiene inalterable el valor de la alícuota para el 87 por ciento de las propiedades; el 13 por ciento restantes, alrededor de 800 mil partidas, reciben un 20 por ciento de aumento, similar al aplicado este año.

Aproximadamente un millón de familias propietarias de viviendas con valuación fiscal de hasta 25 mil pesos quedará exenta del pago de esta obligación fiscal. A los terrenos baldíos de alto valor se le fijó una sobre alícuota, "buscando incentivar el desarrollo de los mismos y evitar la especulación", señala la norma.

* Impuesto Inmobiliario Rural. Los incrementos dispuestos en este tributo resultan de aplicar un revalúo de los campos realizado por la provincia en el año 2005 y que nunca se efectivizó y el aumento promedio será de aproximadamente el 30%. La ley sancionada deja exenta del pago de este impuesto "sin trámite alguno", a siete millones de hectáreas -el 25% de la superficie productiva estimada en 26 millones de hectáreas-, afectada por la sequía. Las construcciones de cascos de estancias que actualmente en su mayoría no pagan impuesto inmobiliario, pasarán a tributar, pero quedan exentas aquellas de menor valor fiscal, menos de 100.000 pesos.

* Impuesto a los Automotores. Según la ley sancionada el 70% del parque automotor de la provincia, vehículos valuados en hasta 40.000 pesos, tributarán un 5% menos que lo abonado en el 2009 y el 30% restantes tendrán un incremento que podrá llegar a un 5%. La comercialización de vehículos usados dejará de pagar Ingresos Brutos y comenzará a abonar el impuesto a los Sellos en cada transferencia, cambio con el que procurarán disminuir la evasión impositiva.

* Impuesto a la Herencia. El texto subraya que no se trata de la creación de un nuevo impuesto, sino de la regulación de lo expresado en la Ley 13.688 -Ley Provincial de Educación- que taxativamente dispone que el 80% de los recauda pasa al Fondo Provincial de Educación y el 20% restante a las administraciones municipales. Quedan exentas del tributo las transmisiones de bienes que en conjunto no superen los 3 millones de pesos.

* Impuesto adicional de ingresos brutos para la actividad portuaria. La ley fija una tasa de despacho para operaciones de carga y descarga de todo tipo de mercaderías con excepción áridos (piedras) y productos de la pesca artesanal, en las 14 estaciones portuarias de la provincia. La tasa de carga se fijó en 6 pesos por toneladas y la de descarga en 18 pesos. Con la aplicación de esta medida, resistida por los operadores portuarios y por las entidades agropecuarias, el gobierno procura garantizar los fondos necesarios para generar más obras de infraestructura y mejores servicios.

Fuente: Télam, DyN y NA


22 sept 2009

La FACPCE pide a la AFIP restablecer la mutua colaboración.

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) envió una nota (pdf, 150Kb) al Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Echegaray, informándolo del documento (pdf, 26Kb) emitido por la Junta de Gobierno en su última reunión realizada el 18 de septiembre de 2009 en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

En dicha reunión la FACPCE, junto con los 24 Consejos Profesionales que la conforman, consideraron conveniente expresarle a quien dirige el ente recaudador federal la necesidad de reactivar las relaciones de mutua colaboración entre ambas instituciones –FACPCE y AFIP- y coordinar una metodología de trabajo conjunta que permita encontrar soluciones y evite el reclamo permanente.

A tal efecto se le recuerda al Sr. Administrador que con fecha 11 de marzo de 2008 la FACPCE firmó un Acuerdo Marco con la AFIP, de modo de emprender acciones en pos de una mayor colaboración entre ambas instituciones.

Como criterio general, FACPCE reclama que se tenga en cuenta su opinión sobre las distintas problemáticas, destacando la vital importancia del rol de la profesión en Ciencias Económicas entre los contribuyentes y el organismo recaudador.

En el terreno más operativo, FACPCE solicita que se tenga en cuenta el principio de certeza en
el dictado de las normas –que evite permanentes modificaciones que perjudican el ejercicio profesional y generan incertidumbre en el cumplimiento de las obligaciones- y que las Resoluciones Generales que dicte la AFIP disponiendo nuevas normas reglamentarias, incluyendo los aplicativos, establezcan para su entrada en vigencia un término no menor de noventa días desde su aplicación.




La AFIP amplía el uso de la factura electrónica.

El organismo a cargo de Ricardo Echegaray obligará a los exportadores, faenadores avícolas, feed lots, molinos y seguros de caución.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que a fin de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones fiscales y optimizar las funciones de fiscalización y control , serán obligados a utilizar la factura electrónica los exportadores, faenadores avícolas, los establecimientos de engorde de ganado bovino a corral (feed Lots), los molinos y los seguros de caución.

En el caso de los exportadores, se trata de un universo de más de 13.200 operadores, cuya incorporación a la factura electrónica significará la emisión de aproximadamente 550.000 documentos electrónicos por un monto que asciende a $246 mil millones.

La incorporación de este rubro al programa se hará en forma escalonada: los grandes exportadores comenzarán a facturar electrónicamente en diciembre de este año y el resto de los operadores lo hará antes de marzo del año próximo.

Por otra parte, la importancia de los seguros de caución está evidenciada por las 109.255 pólizas por seguro de caución que se registraron el último año ante la AFIP, por un total de $28.000 millones, sin contar las pólizas judiciales, de obras públicas y privadas, locación de inmuebles y servicios públicos y privados.

Este sector se incorporará a la factura electrónica antes de noviembre de este año. Hasta esa fecha se pueden seguir confeccionando las facturas en papel.

En lo que respecta a los establecimientos de engorde de ganado bovino a corral, los faenadores avícolas y los molinos, la cantidad de operadores que se incorporarán al sistema de factura electrónica supera los 2.000, desagregados en 1694 feed lots, 52 faenadores avícolas y 284 molinos.

La implementación del sistema se hará de la misma forma escalonada que los exportadores: los grandes operadores – los feed lots que tengan más de 2500 animales, molinos con más de 5 mil kilogramos por hora de molienda y establecimientos avícolas cuya faena mensual sea mayor a dos millones de cabezas- deberán utilizar las facturas electrónicas a partir de diciembre de este año. El resto de los contribuyentes tendrán que hacerlo antes de marzo próximo.

Con la incorporación de estos operadores al programa de factura electrónica, la AFIP generará un registro especial para el monitoreo fiscal y de capacidad económica patrimonial de los operadores.

Fuente: Infobaeprofesional.com
22/09/2009

21 sept 2009

El fisco deberá determinar cómo pagar los anticipos en Ganancia Mínima Presunta.

De aprobarse la iniciativa que propone la extensión del tributo, la AFIP tendrá que reglamentar el procedimiento excepcional. La norma a emitirse establecerá la forma y plazo para que las empresas con cierre posterior al 31 de diciembre próximo ingresen los respectivos pagos a cuenta adeudados.

De aprobarse la prórroga por diez años del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá reglamentar la forma y el plazo excepcional para que las empresas con cierre posterior al 31 de diciembre próximo ingresen los anticipos adeudados del impuesto.

Por lo tanto, de convertirse en ley el pedido del Gobierno nacional, las empresas indefectiblemente tendrán que ingresar los anticipos mensuales que no cancelaron debido a que no existía una norma legal que las obligara.

Puntos Importantes
  • De aprobarse la iniciativa que propone la extensión del tributo, el fisco tendrá que reglamentar el procedimiento exepcional.
  • La norma a emitirse establecerá la forma y plazo para que las empresas con cierre posterior al 31 de diciembre próximo ingresen los respectivos pagos a cuenta adeudados.
El impuesto bajo análisis alcanza los bienes del activo del país que poseen las compañías cuando el valor total supera los $200.000. La normativa tributaria especifica además que cuando existan activos gravados en el exterior, esa suma se incrementará en el importe que resulte de aplicarle la alícuota de 1% al igual que los otros bienes.

Respecto a los pagos a cuenta, la ley de Ganancia Mínima Presunta establece que se deben ingresar once anticipos mensuales. Cada pago corresponde al 9% del impuesto determinado en el ejercicio anterior.

Futura reglamentación

Si bien desde el fisco nacional aún no se dan mayores precisiones al respecto, desde Kaplan, Volman & Asociados, Mario Volman, explicó a iProfesional.com que "al no estar vigente el impuesto por el ejercicio por el cual corresponden ingresarse no existe la obligación de su pago por respeto al principio de legalidad: nullum tributum sine lege”.

"En tal sentido, si el proyecto se convierte en ley, la AFIP deberá habilitar un plazo prudencial para ingresar los anticipos no ingresados y sin intereses resarcitorios porque los contribuyentes no han incurrido en mora culpable", agregó Volman.

"Actualmente, idéntica situación se da respecto a los anticipos en Ganancia Mínima Presunta que deben ingresarse por cierres de ejercicio posteriores al 30 de diciembre de 2009", aseguró el tributarista.

Extensiones bajo la lupa


El procedimiento excepcional encuentra su origen en el proyecto de prórroga de la vigencia de todos los impuestos que vencen el 31 de diciembre de este año que el Gobierno ya envió al Congreso de la Nación.

La iniciativa propone la extensión de la vigencia del Impuesto a las Ganancias, Mínima Presunta, Bienes Personales, adicional de emergencia sobre el precio de los cigarrillos y el impuesto al cheque. Para acceder al texto completo de la iniciativa haga click aquí.

La iniciativa en cuestión propone extender por diez períodos la vigencia de Bienes Personales, Ganancias y Ganancia Mínima Presunta.

A su vez, se prevé la extensión por cuatro años de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas.

Respecto al polémico impuesto al cheque, la iniciativa -enviada al Congreso por el Ejecutivo- propone extender el tributo por dos años más.

Conocida la iniciativa, desde el Departamento de Consultoría Tributaria del Estudio Harteneck – Quian – Teresa Gómez & Asociados, Teresa Gómez fue categórica: "Parece ser olvidada la plena vigencia del artículo 75 de la Constitución Nacional que establece que el Congreso impone contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan". Condición con la cual debe ser tratada el impuesto a las Ganancias".

"El proyecto intenta calificar esta medida como de estabilidad tributaria, cuando en realidad se puede pensar en una pereza legislativa o bien en una preeminencia del Ejecutivo sobre la voluntad del legislador", advirtió la tributarista.

Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba), Flavia Melzi, vicepresidenta II de la institución, destacó que "Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales son tributos que por imperativo constitucional son coparticipables".

"Si bien la ley convenio de coparticipación debió haber sido dictada a fines de 1996, aún se trata de una asignatura pendiente", agregó Melzi.

En igual sentido, Volman aseguró que "el proyecto de ley habrá de ser analizado por el Congreso de la en conjunto con una revisión al régimen de Coparticipación Federal".

"En cuanto al impuesto a los débitos y créditos bancarios, es un gravamen de características marcadamente distorsivas, que debiera paulatinamente sustituirse, sin perjuicio de lo cual, por su reducido costo de administración y fácil recaudación no parece que fácilmente ello pueda ocurrir en la actual coyuntura sin afectar el equilibrio fiscal", señaló la vicepresidenta del Cpcecaba.

Respecto al impuesto al cheque, Volman afirmó que "su tasa es muy alta. Por lo tanto, debería reducirse o permitir un mayor crédito de impuestos por ejemplo llevándolo a la mitad del tributo total que efectivamente se afronta".


Fuente: INFOBAE PROFESIONAL
Periodista/Autor: Hernán Gilardo
Sitio Relacionado: http://www.infobaeprofesional.com
21/09/2009

Scioli defiende con uñas y dientes la reforma impositiva bonaerense.

El gobernador dijo que está "dispuesto a asumir los costos personales que tenga que asumir" y consideró injusto que grandes estancias no paguen impuestos.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, hizo este lunes una férrea defensa al proyecto de reforma impositiva que posiblemente sea sancionado esta semana en la Cámara de Senadores y que incluye una suba en los impuestos inmobiliario rural y a los automotores, entre otros.

En esa línea, el mandatario afirmó: "La reforma impositiva busca ordenar y corregir inequidades y estoy dispuesto a asumir los costos personales que tenga que asumir, por que me interesa cambiarla provincia y alguien tenía que agarrar el toro por la astas", sostuvo en declaraciones realizadas en la Casa de Gobierno.

Los cambios impositivos que impulsa el gobierno de Buenos Aires recrean el tributo a la herencia y grava con un adicional al impuesto a los Ingresos Brutos la carga y descarga de mercaderías en las 14 terminales portuarias de la provincia.

Con respecto al adicional, que se facturará por carga y descarga en los puertos provinciales, señaló que "por el canon, es mínimo. Se recaudan 100 millones por año y ya gasté 360 millones en infraestructura", dijo, y explicó "si hay 20 puertos, 13 son privados, que no tributan nada a la provincia y yo tengo que hacer obras para mejorar los accesos, los dragados y tener autopistas que son obras por más de $400 millones, ¿cómo hacemos para buscar el financiamiento?", se preguntó.

Con relación al incremento dispuesto en el Inmobiliario Rural y a sus edificaciones, decisión que motivó múltiples reclamos del sector, Scioli no consideró justo que "en el campo o en una estancia haya construcciones valuadas en más de u$s1 millón que no tributen nada y sí pague una casa humilde en cualquier barrio".

"Esto es lo que procuramos corregir, este es el criterio del proyecto en análisis en la Legislatura", afirmó.

Agregó que las valuaciones fiscales por el que tributa el Inmobiliario Urbano "están muy por debajo de los valores reales" y remarcó que "hay que generar un sinceramiento y acabar con la hipocresía; entonces no aumentemos nada y paguemos sobre el valor real, vamos a ver que dicen los sectores que están quejándose", replicó.

También se refirió a la herencia y señaló que esta obligación fiscal "se hará sobre una base imponible de más de $3 millones y no es generalizada", tras lo cual acotó que "el 80% de este ingreso va al Fondo Educativo Provincial y 20% para los municipios. Esto, de ninguna manera es una voracidad fiscal o un aumento de impuesto, es corrección de impuestos que existen".

Consultado sobre la protesta que realizarán el martes productores rurales en la Legislatura y en la Casa de Gobierno para repudiar la suba del Inmobiliario Rural, el gobernador indicó que "estamos hablando con todas las delegaciones de productores y el martes va a haber una reunión, el gobierno actúa con racionalidad y sentido común y estamos abiertos siempre a propuestas superadoras a las que planteamos".

Scioli defendió el "sinceramiento fiscal" y agregó que "en el pasado la provincia, por no hacer un sinceramiento, tenía que emitir patacones o deuda por que no buscaban soluciones dentro de la provincia. Yo estoy buscando soluciones aquí y con la Nación",dijo.

Finalmente, expresó que la reforma fiscal "no significa que la provincia renuncie a seguir reclamando los puntos de coparticipación que nos corresponden. Eso va a ser así, pero primero quise avanzar en optimizar los recursos de la provincia", concluyó, según DyN.

Fuente: Infobaeprofesional

21/09/2009



El campo marcha a la Legislatura bonaerense contra el impuestazo.


Productores irán mañana a la Legislatura para reclamarle a los senadores que frenen la reforma fiscal. Portuarios paralizan actividad y planean protesta.

El rechazo al impuestazo que el gobierno de Daniel Scioli pretende aplicar, con subas en Ingresos Brutos, Inmobiliario Rural, Mejoras en campos, Patentes, tributo a la herencia y un canon a los puertos, se reforzará desde hoy con acciones por parte de las gremiales del campo y de trabajadores de las terminales portuarias bonaerenses, que buscarán forzar cambios en la normativa antes de su tratamiento en el Senado provincial.

La mesa agropecuaria bonaerense, integrada por Federación Agraria (FAA), Sociedad Rural (SRA), Coninagro y Carbap –la pata bonaerense de Confederaciones Rurales (CRA)– resolvió movilizarse hacia La Plata. La intención es juntar delegaciones que, desde las 11, se harán presentes en la Legislatura para “explicar a cada senador el perjuicio que conlleva el impuestazo para toda la economía provincial”, comentaron desde el nucleamiento. Hoy terminarán de definir la estrategia para encarar las audiencias con senadores bonaerenses. No obstante, los dirigentes no descartan trasladarse luego hasta las puertas de la Gobernación, para repudiar la actitud de Scioli “de meterle la mano en el bolsillo a los bonaerenses, en lugar de reclamarle a la Nación la coparticipación que le adeuda”, resaltaron.

Pero esa escala en la protesta agropecuaria estará supeditada a los tiempos que le lleve entrevistarse con los senadores provinciales, al menos de la oposición que están dispuestos a recibirlos. Es que, una hora después de resolver la visita a La Plata, los dirigentes de las cuatro rurales recibieron la invitación del ministro de Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich, para iniciar el diálogo institucional.

“La visita a los senadores se hace igual. Iremos a Asuntos Agrarios, pero queremos explicar en la Legislatura que el impuestazo, como la 125 el año pasado, pone en quebranto a cientos de productores”, expuso a El Cronista Guillermo Giannasi, director de FAA.

A su turno, el presidente de Carbap, Pedro Apaolaza, recalcó que los senadores “tienen la responsabilidad de poner sensatez y cordura” al intento del gobernador. Y reclamó que se revise el proyecto de ley y se consensúen los aumentos con los sectores afectados.

La presión de los ruralistas a los senadores no será la única que recibirán los legisladores por la reforma fiscal, con la que el gobierno bonaerense busca asegurarse más de $ 1.100 millones anuales extra de recaudación.

Es que al rechazo rural se sumó el enojo de los trabajadores de los 12 puertos provinciales, que alertaron que el canon en las terminales($ 6 por tonelada importada y $ 18 por la misma cantidad exportada) determinará la paralización de las terminales y pondrá en riesgo más de 2.000 puestos de trabajo.

Primero, el gremio de los recibidores de granos (Urgara) se declaró en estado de alerta y movilización. Desde el viernes pasado, directamente paralizó la actividad en los puertos de Bahía Blanca, San Nicolás, Necochea y San Pedro. Y tiene previsto extender el paro por tiempo indeterminado a las terminales de Ramallo y Quequén.

Además, los estibadores portuarios analizaban la forma de protestar. Según indicaron en el sector, ambos sindicatos buscaban coordinar una marcha hacia la Legislatura bonaerense este miércoles, cuando se estima que el Senado provincial intente sancionar la polémica suba de impuestos.

En solidaridad con los portuarios, la combativa Carbap resolvió que sus afiliados se abstendrán de entregar cereales y oleaginosas para la exportación mientras dure el conflicto.



Fuente: EL CRONISTA COMERCIAL
Periodista/Autor: Paula López
Sitio Relacionado: http://www.cronista.com
21/09/2009