16 oct 2010
7 oct 2010
La AFIP pondrá un inspector "permanente" en firmas que gozan de beneficios fiscales
Un funcionario del ente auditará continuamente a quienes aprovechen las ventajas de los regímenes promocionales como parte del Programa de Fiscalización.
El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, y el director general de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Sánchez, dieron a conocer los primeros resultados del trabajo en conjunto entre gremios, empresas y el fisco, para la aplicación de las presunciones laborales en los rubros de la construcción y textil.
En ese marco, el titular de la AFIP también anunció la creación del Programa de Fiscalización Permanente (PFP) para empresas promovidas dentro del régimen de Promoción Industrial.
Las presunciones laborales
Echegaray remarcó que las referidas presunciones “forman parte del camino que estamos encausando desde el Gobierno para poder garantizar que la Argentina sea un país con más trabajo regularizado, con más empleo, más producción, más industria y más comercio”.
La determinación de las presunciones laborales forma parte de políticas activas de inclusión social establecidas en el plan Antievasión II, sancionado por el Congreso Nacional en 2005.
“Recién ahora se puede poner en práctica porque antes no contábamos con la fuerza operativa. Hace cinco años contábamos apenas con 120 funcionarios y con la llegada de los ex empleados de las AFJP tenemos más de 2.000”, indicó el titular de la AFIP.Echegaray remarcó que las referidas presunciones “forman parte del camino que estamos encausando desde el Gobierno para poder garantizar que la Argentina sea un país con más trabajo regularizado, con más empleo, más producción, más industria y más comercio”.
La determinación de las presunciones laborales forma parte de políticas activas de inclusión social establecidas en el plan Antievasión II, sancionado por el Congreso Nacional en 2005.
Y enfatizó en que “hoy tenemos la fuerza laboral para poner en marcha esta medida que requiere mucha presencia real y un gran conocimiento operativo en la calle”.
Por su parte, Carlos Sánchez indicó que “las presunciones laborales son un mecanismo lógico que a partir de la comprobación de un hecho cierto, permite inferir un hecho oculto como el empleo en negro”.
“Alguien puede demostrar que el hecho económico que exteriorizó lo realizó con una cantidad de personal menor al que nosotros estimamos”, señaló y aclaró que si no “existe prueba en contrario” el fisco tiene la facultad de hacer la determinación que corresponde.
“Esta herramienta de control inteligente permitirá llevar adelante una política de Estado que busca defender el empleo registrado, combatir la informalidad laboral y desalentar la competencia desleal entre los empresarios”, sostuvo Echegaray.
Qué es el Programa de Fiscalización Permanente
El titular de la AFIP anunció la creación del Programa de Fiscalización Permanente (PFP), una medida orientada a evitar el uso indebido de los beneficios promocionales.
En tal sentido, explicó que “el Estado hace un gran esfuerzo para lograr que se desarrollen las zonas más alejadas de la República Argentina, por eso, a las empresas que se radican en determinados lugares se les brindan ciertas ventajas fiscales e impositivas”.
Luego afirmó que desde la AFIP se debe “garantizar que no existan un uso desleal del Régimen de Promoción Industrial”.
“El programa surge porque hay muchas empresas que desde lo formal cumplen con las obligaciones de la norma, pero sobre una base de un registro documental ficticio, ya que en realidad todos los procesos productivos se llevan a cabo en otros lugares”, aseguró Echegaray.
Como parte de los nuevos controles, el funcionario comentó que las firmas deberán utilizar el régimen de Factura Electrónica y anunció que un funcionario de la AFIP estará de forma permanente auditando tanto el empleo, como la facturación, la producción, el transporte y los insumos.
“Quiero destacar estas iniciativas de la AFIP que forman parte coherente de las políticas del Gobierno Nacional en su lucha contra el trabajo no declarado”, señaló Carlos Tomada.
Además, expresó que “hace mucho tiempo que su cartera viene trabajando con el organismo recaudador para cercar el camino de aquellos que quieren trabajar a partir de la evasión y de la maximización de ganancias por el no cumplimiento de las obligaciones”.
“La AFIP no solamente ha mejorado su capacidad de inspección sino que, además, ha diseñado nuevas herramientas que simplifican y facilitan la registración de personal”, apuntó Tomada.
Fuente: Iprofesional.com
07/10/2010
5 oct 2010
REGISTRO DE COMERCIALIZADORES DE MATERIALES A RECICLAR DE LA AFIP COMO INCIO DEL BLANQUEO DEL SISTEMA DE RECICLAJE DE RESIDUOS
I. Antecedentes.
Los distintos actores que intervienen en el proceso de Reciclaje de Residuos Sólidos, han venido operando sin una regulación que los ampare y se han agrupado en diferentes tipos asociativos, especialmente cooperativas de trabajo en el ámbito de los Municipios, como respuesta a poder alcanzar una cobertura salarial, previsional y médica dignos, en un contexto laboral y social adverso.
La secuela económica y social que dejó el menemismo dejó a miles de obreros y trabajadores sin su fuente de trabajo, lo que profundizó la desindustrialización, rama esencial y columna vertebral de la economía porque es generadora de fuentes de trabajo.
Por esto la actividad de levantar cartón y papel y también alimentos se transformó en la actividad principal de todos estos excluidos.
I. Normativa vigente.
Como respuesta a esta situación el Gobierno a través de la AFIP, vino a poner un principio de orden en este statu quo tan degradante para cualquier sociedad.
El dictado de la Resolución General RG 2849 del 14/06/2010 dispuso la creación de un Registro de Comercializadores de Materiales a Reciclar, para incorporar a todos aquellos actores económicos: los recicladotes (establecimientos industriales que efectúan la transformación de basura en materia prima), acopiadores (son los que clasifican, acondicionan y compactan el material haciendo de intermediario entre los galponeros o cartoneros y los recicladotes), galponeros (clasificadores de materiales), y generadores de scrap (establecimientos industriales o comerciales que comercializan los materiales a reciclar).
Asimismo, se ha establecido un mecanismo de retenciones a cuenta del Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado, en todas sus compraventas que se realizan en la cadena de valor vinculada al reciclaje de residuos sólidos, con alícuotas crecientes cuando el sujeto retenido no se encuentre incluido en el mencionado Registro.
El proceso prevé las siguientes normas:
ü Que quien realice la primer compra del material a reciclar a los cartoneros deberá emitir un documento que reemplazará a la factura de venta. En ella se tendrá que detallar las características de la operación e identificar al vendedor. Además deberá informar a la AFIP la nómina de recolectores involucrados.
ü Cuando adquieran el material de los cartoneros, los recicladotes tendrán dos opciones:
a) hacerse cargo del pago del monotributo de aquellos, o
b) efectuar un pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias por cada venta del producto reciclado.
ü Quedarán eximidos de esta operatoria los monotributistas que se encuentren incorporados a cooperativas de trabajo o que operen mediante entidades intermedias o entes colectivos (asociaciones, federaciones, etc). En este caso la Cooperativa o Ente Colectivo, facturará las ventas siguiendo las disposiciones del Régimen General y se hará cargo del monotributo de sus integrantes, quedando eximido de la esta obligación el reciclador.
II. Conclusiones.
Esta normativa lanzada en Junio 2010 con la creación del Registro de Comercializadores de Materiales a Reciclar es complementaria de las Normas de la Ley 25865 modificatoria de la 24977 que estableció el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), que estableció el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente como categoría que permite la inclusión de los trabajadores tipificados como Recicladotes de Residuos sólidos.
Estas medidas no sólo dignifican la situación personal y laboral de las personas que desempeñan la actividad de cartoneros, sino que también resuelve el problema de los operadores de todo el ciclo industrial del reciclado, que no pueden deducir como gastos en su balance impositivo, la compra de insumos o tomarlo como crédito fiscal en el IVA de dichas adquisiciones, ya que la mercadería en cuestión proviene de sectores de la economía informal.
En mi opinión, la tarea realizada por el Estado va por buen camino, pero para mantenerlo en el tiempo debería complementarse con algunas medidas que solidifiquen la estructura ya creada, y que sugiero:
a) Mantener actualizadas las tablas correspondientes a las categorías del Monotributo y que sean actualizadas por lo menos trimestralmente, ya que no ocurra como venia o viene ocurriendo que para actualizar sus montos pasen diez años o más con la consiguiente desactualización por la inflación (cualquiera sea su cuantía según quien lo mida).
b) Que al citado Registro se incorporen TODOS los actores del sistema, y no sólo aquellos que revista la calidad de Responsables Inscriptos en el IVa.
c) Que se pueda fomentar el Microcrédito entre la primera etapa de la cadena de valor (los cartoneros) que son los más desprotegidos del esquema, ya que de esa manera podrían elegir vender su producido de la recolección entre aquellos recicladores que les paguen un mejor precio, y no al que tienen más cerca por razones de subsistencia. Si estuvieran bancarizados (aunque sea mínimamente) y capacitados o respaldados por entidades intermedias, su situación mejoraría notablemente.
Dr. Miguel Angel Guerreiro
1 oct 2010
Declaran la inconstitucionalidad de recargos por incumplimiento en el pago de impuestos bonaerenses
Lo dispuso el juez platense Luis Federico Arias. Se trata de tres artículos del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires que facultan al Ejecutivo a fijar incrementos e intereses superiores en caso de mora.
Fallo completo:http://www.cij.gob.ar/nota-5126-Declaran-la-inconstitucionalidad-de-recargos-por-incumplimiento-en-el-pago-de-impuestos-bonaerenses.html
El juez Luis Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, declaró la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que, ante el incumplimiento en el pago de impuestos, facultan al Poder Ejecutivo local a fijar intereses superiores a la tasa activa bancaria y a establecer recargos adicionales de hasta un 50 por ciento.
Fue en una causa en donde el Estado reclamaba el cobro de una deuda a una empresa que no había abonado el impuesto a los sellos. En el monto reclamado, el fisco había sumado los recargos establecidos a los morosos en los artículos 86 y 87 del Código Fiscal provincial.
Los artículos 86 y 95 del Código establecen que el Poder Ejecutivo podrá definir el interés aplicable a los deudores impositivos hasta una tasa que no supere en más de un 100% a la vigente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El artículo 87, en tanto, agrega al importe original de la deuda y al del interés del artículo 86 un nuevo recargo, que puede llegar hasta el 50 por ciento si transcurren 90 días desde el vencimiento de la obligación.
Según el juez “los artículos 86 y 95 del Código Fiscal prevén la aplicación de un incremento en tasa de interés y delegan su determinación al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, quien mediante la Resolución Nº 126/06 -en ejercicio de la citada delegación- fijó distintas tasas de interés de acuerdo al tributo que se adeude, contrariando la uniformidad establecida por el art. 86 del Código Fiscal, circunstancia que afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley de los contribuyentes (art. 16 de la C.N.)”.
“En el actual sistema normativo se observa que, frente a la mora del contribuyente, se ha establecido un nuevo régimen de intereses y recargos estructurados por el Código Fiscal del siguiente modo: a) aplicación de la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, b) aplicación de un interés adicional indeterminado, c) delegación al Poder Ejecutivo para la determinación de intereses, d) aplicación de recargos por mora”, agregó el magistrado.
Para Arias, “la habilitación legislativa efectuada por el Código Fiscal para la determinación de intereses por parte del Poder Ejecutivo, en tanto éstos implican una afectación del derecho de propiedad, constituye una delegación expresamente prohibida por el art. 45 de la Constitución Provincial, puesto que dicha facultad atañe con exclusividad al Poder Legislativo, con carácter de ‘reserva legal’”.
Siguiendo con el razonamiento, el juez entendió que “la delegación efectuada al Poder Ejecutivo por los arts. 86 y sgtes. del Código Fiscal, en tanto importa un desplazamiento de la competencia constitucionalmente atribuida al legislador, conculca el orden constitucional”.
“Es válido aclarar que los intereses aplicados sobre una deuda impositiva revisten el carácter de ‘carga tributaria’ atento el carácter accesorio de los mismos respecto de la obligación impositiva principal, conforme lo establecido por el art. 90 y 91 del Código Fiscal”, señaló.
Además, el juez se refirió al artículo 87 de la ley, que estableció “un nuevo régimen de recargos, que se aplica, previa intimación, en caso de mora y en forma conjunta con los intereses previstos por los arts. 86 y 95 del mismo cuerpo normativo”.
“Atento a la magnitud de los intereses que se aplican a las deudas tributarias, juzgo que los recargos contemplados en el art. 87 del Código Fiscal superan el estándar de razonabilidad que emerge del art. 28 de la Const. Nac. (…) toda vez que la aplicación de los artículos en cuestión pueden traspasar los límites de tolerancia económica del contribuyente, provocando el resultado adverso a la propia necesidad recaudatoria, destruyendo la capacidad contributiva del obligado, mediante la absorción sustancial de las rentas obtenidas y los beneficios alcanzados por el trabajo personal”, indicó el juez.
“Por todo lo expuesto, los intereses deben liquidarse conforme a la tasa activa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires sin aplicación de recargos por mora”, concluyó Arias.
Fuente: CIJ Centro de Información Judicial
www.cij.gob.ar
Agencia de Noticias del Poder Judicial
30/09/2010
Denuncian falta de control de los presupuestos en las provincias.
En la mayoría de los distritos los ejecutivos tienen la facultad de modificar las partidas presupuestarias durante su ejecución y sin aprobación legislativa.
A pesar de que sus constituciones lo ordenan, las legislaturas provinciales no controlan la confección ni la ejecución de los presupuestos de sus distritos. Esa fue la conclusión de una investigación que emprendió el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en la cual denuncia que las Legislaturas provinciales juegan un rol pasivo en el proceso presupuestario. “Existe en los distritos una preponderancia del Poder Ejecutivo provincial en todo el proceso presupuestario al tiempo que el Legislativo juega un rol pasivo”, advierte el organismo. Con resultados alarmantes, el trabajo realizado para evaluar la calidad institucional de las provincias argentinas señala además que “la performance de las provincias en el proceso presupuestario es débil”: en la mayoría de los distritos, el Poder Legislativo se limita a aprobar el proyecto de presupuesto del gobernador sin introducir cambios que tengan relevancia en términos de definición de políticas (a excepción de Chubut, La Pampa, Mendoza y Santa Fe).
El estudio destaca que si bien todas las Legislaturas tienen una comisión especializada para el tratamiento del presupuesto, en 17 de los casos los consultados por CIPPEC –que incluye a los propios legisladores– admitieron que la comisión no cuenta con capacidades técnicas suficientes como para analizar adecuadamente el proyecto del Ejecutivo e introducir modificaciones si fuera necesario. Es más, en ninguno de los casos el personal especializado conforma un cuerpo técnico permanente destinado a brindar apoyo a los bloques, comisiones o a los legisladores.
Asimismo, sólo en 5 distritos –Formosa, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Tucumán– la legislación que regula el proceso presupuestario contiene todas las salvaguardas básicas para acotar la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de los recursos públicos. En cambio, en 16 provincias (73% de los casos), la legislación otorga al Ejecutivo la facultad de introducir modificaciones al presupuesto durante la ejecución sin necesidad de obtener para ello aprobación legislativa. En Mendoza y Salta, incluso, el gobernador puede modificar el monto total del presupuesto durante la etapa de ejecución sin la aprobación del Poder Legislativo.
En Santa Fe, en cambio, si bien el Ejecutivo puede modificar el monto total del presupuesto sin autorización de la Legislatura, en caso de que se produzcan ingresos mayores a los proyectados debe asignarlos a dos prioridades: a reducir el déficit y la deuda. Se acota así, en Santa Fe, el margen de discrecionalidad. Distinto a lo que ocurre en Capital Federal, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, La Pampa, Neuquén y Río Negro, donde el Ejecutivo puede agregar, eliminar o modificar partidas durante la etapa de ejecución sin necesidad de obtener sanción legislativa.
Peor aún, en Catamarca, Entre Ríos, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego la legislación provincial otorga amplias facultades al Ejecutivo para cambiar el presupuesto durante la etapa de la ejecución sin la aprobación de la Legislatura, y admite tanto modificaciones en el monto total como en las partidas que lo componen.
La investigación también saca a la luz que las provincias que cuentan con una comisión legislativa destinada al control de la ejecución, suele tener mayoría del oficialismo y entonces ser poco propensa a iniciar investigaciones en caso de detectar irregularidades. Otro dato importante que se desprende del informe es que en la mayoría de las provincias la información sobre la ejecución presupuestaria no es remitida en tiempo y forma a la Legislatura provincial.
Periodista/Autor: Victoria Urdinez
Sitio Relacionado: http://www.cronista.com
29/09/2010
Aquí están, éstos son los 12 proyectos de ley que causan alarma a los empresarios
Este miércoles se reúne la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados para debatir varias iniciativas que preocupan a las empresas. El Senado también tendrá una agenda cargada. Cuáles son los cambios en las relaciones laborales que, de convertirse en ley, impactarán en los costos.
La ola de iniciativas que se debaten en el Congreso y que los hombres de negocios califican de “antiempresa” parece no tener freno.
Los últimos cambios a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) contemplan, entre otros, un nuevo régimen de horas extras para los jefes, un rol diferente para el salario mínimo en el marco de las paritarias y la obligación de pagar la indemnización completa dentro de los cuatro días de finalizada la relación laboral.
Sin embargo, los expertos consultados por iProfesional.com alertaron que lo más grave está por venir.
Durante la jornada de este miércoles, en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside el jefe de asesores de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde, se tratará un proyecto del propio legislador por el cual se busca por ley que las empresas incorporen al sueldo las sumas no remunerativas percibidas por el trabajador, una vez transcurridos los seis meses de aplicación. (Lea más: Pretenden eliminar por ley las sumas no remunerativas que se pactan en convenios)
En tanto, en la misma comisión se analizará otro proyecto, que llega con media sanción del Senado, y dispone la prohibición de trabajar los fines de semana. Concretamente, entre las 13 del sábado y las 24 del domingo, con excepción de aquellas situaciones previstas legalmente, que conllevarán, además, el otorgamiento de un franco compensatorio para el empleado a partir de la semana subsiguiente. (Lea más: Comercio: anticipan fuerte impacto con ley que limitará el trabajo los fines de semana)
Por otra parte, aunque todavía no tiene una fecha cierta para su debate, se encuentra la polémica iniciativa del diputado Héctor Recalde que promueve la distribución del 10% de las utilidades netas de las empresas entre los trabajadores. (Lea más: Ya es un hecho: el proyecto para repartir ganancias entre empleados irá al Congreso).
Los últimos cambios a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) contemplan, entre otros, un nuevo régimen de horas extras para los jefes, un rol diferente para el salario mínimo en el marco de las paritarias y la obligación de pagar la indemnización completa dentro de los cuatro días de finalizada la relación laboral.
Sin embargo, los expertos consultados por iProfesional.com alertaron que lo más grave está por venir.
Durante la jornada de este miércoles, en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside el jefe de asesores de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde, se tratará un proyecto del propio legislador por el cual se busca por ley que las empresas incorporen al sueldo las sumas no remunerativas percibidas por el trabajador, una vez transcurridos los seis meses de aplicación. (Lea más: Pretenden eliminar por ley las sumas no remunerativas que se pactan en convenios)
En tanto, en la misma comisión se analizará otro proyecto, que llega con media sanción del Senado, y dispone la prohibición de trabajar los fines de semana. Concretamente, entre las 13 del sábado y las 24 del domingo, con excepción de aquellas situaciones previstas legalmente, que conllevarán, además, el otorgamiento de un franco compensatorio para el empleado a partir de la semana subsiguiente. (Lea más: Comercio: anticipan fuerte impacto con ley que limitará el trabajo los fines de semana)
Por otra parte, aunque todavía no tiene una fecha cierta para su debate, se encuentra la polémica iniciativa del diputado Héctor Recalde que promueve la distribución del 10% de las utilidades netas de las empresas entre los trabajadores. (Lea más: Ya es un hecho: el proyecto para repartir ganancias entre empleados irá al Congreso).
En este escenario, dentro de la agenda parlamentaria, se suman otras iniciativas que también cuentan con media sanción y desvelan a los empresarios, como la reducción de la jornada laboral, cambios en las licencias por maternidad y paternidad y la ampliación del personal que puede reclamar las multas por empleo mal registrado o realizado deficientemente.
Adicionalmente, ya tienen dictamen dos propuestas legislativas: una que apunta a aumentar el plazo para reclamar los créditos laborales a tres años y otra por la cual los empleados podrían reclamar el total indemnizatorio si no percibieran el monto del acuerdo conciliatorio en tiempo y forma.
También serán tratadas en comisión, en el corto plazo, una serie de proyectos que le obligarán a los empleadores a pagar la totalidad de las costas de los juicios, si la demanda fuera aceptada de manera parcial, y que impulsan el cálculo del resarcimiento según la tasa activa de la jurisdicción correspondiente, lo que encarecerá ese resarcimiento. En la actualidad, los especialistas coinciden en destacar las dificultades que ya atraviesan las empresas para determinar a cuánto ascenderá la liquidación final de un empleado despedido sin causa y advierten que resultará aún más difícil y costoso, de aprobarse este paquete de iniciativas.
También remarcaron que, en vez de jugar a favor del empleo y el crecimiento de las compañías, podrían terminar desalentando nuevas inversiones.
Los proyectos con media sanción, bajo la lupa
En agenda, se encuentran varias iniciativas que ya lograron la aprobación de una de las cámaras del Congreso y dispararon la polémica.
Entre las más destacadas se pueden mencionar:
- Proyecto sobre reducción de la jornada laboral: la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa por la cual estará prohibido reducir la jornada laboral sin causas que lo ameriten.
Las empresas ya no podrán fragmentar la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades productivas. Esto significa que no podrán recortarla sin mediar causas extremas o relacionadas con el rubro del empleo en cuestión.
El cuestionamiento que hoy enfrenta esta propuesta de cambio es que, en estos casos, el derecho al cobro de horas extras nace solamente una vez superado el límite que se fije.
- Propuesta legislativa de incremento de las multas en caso de empleo en negro o registración deficiente: la Ley 25.323 vigente establece que las indemnizaciones previstas por la LCT sean aumentadas al doble en los mecionados supuestos.
Sin embargo, el proyecto va más allá porque propone que las compañías paguen un resarcimiento equivalente al de un despido sin causa, por falta de registración de los empleados o si estos estuvieran en situación irregular.
Adicionalmente, dicho resarcimiento no tendría tope y resultaría adicional a las indemnizaciones que pudieran derivarse de la quiebra del empleador, fuerza mayor, entre otros.
- Iniciativa para ampliar el personal que puede reclamar multas: en este proyecto, los legisladores busca extender la protección que establece la Ley 25.323 para quienes estén amparados por la LCT hacia los dependientes comprendidos en diferentes estatutos, como por ejemplo, construcción, encargados de edificios, periodistas, entre otros. De ser así, la protección alcanzaría a un mayor número de empleados.
De aprobarse la propuesta, “se agregará una indemnización especial que no existía antes, en referencia a cualquier contrato de trabajo no registrado o registrado en forma deficiente sin la limitación del tope legal”, señaló el experto.
También destacó que “si se llega a transformar en ley, el incremento se extenderá a cualquier indemnización y rubro salarial, sin contemplar el motivo por el cual el empleador pudo dejar de haber abonado esos conceptos”.
- Proyecto para modificar las licencias por maternidad o paternidad: la iniciativa fue aprobada por el Senado. Apunta a extender la protección contra despido arbitrario a los padres, durante un determinado período anterior y posterior al nacimiento. En la actualidad, las madres son las únicas que cuentan con dicha protección.
De convertirse en ley, quedará prohibido el trabajo del padre durante los cinco días posteriores al nacimiento o de la notificación de la resolución judicial que otorga al niño en guarda con fines de adopción.
La mujer u hombre que tuviera un hijo o recibiera en guarda un niño con fines de adopción podrá optar también por reincorporarse a su puesto y reducir hasta la mitad su jornada normal de trabajo y, en la misma proporción, su remuneración mensual por un plazo no superior a los 12 meses contados a partir del nacimiento.
Según la propuesta, en ningún caso dicha jornada podrá ser inferior a cuatro horas diarias y quedará prohibida la realización de horas extraordinarias.
Además, toda empleada madre de un lactante, podrá disponer -a su elección- de una hora de lactancia en el transcurso de la jornada de trabajo, pudiendo disponer de este descanso ya sea en forma entera dentro de la jornada, dividiéndolo en dos períodos, o postergando o adelantando en media hora o en una hora el inicio o el término de la jornada laboral.
Con dictamen de comisión
Tanto en el Senado como en Diputados, algunos proyectos cuentan con dictamen de la comisión de legislación laboral respectiva.
Uno de los dictámenes refiere a la modificación del artículo 256 de la LCT, que indica que “prescriben a los tres años las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y a los cinco años las demás acciones relativas a las relaciones individuales de trabajo en general”.
En la actualidad, la prescripción es de dos años, por lo que se ampliaría el pedido para poder reclamar.
En tanto, los diputados también emitieron un dictamen sobre otra iniciativa que apunta a reformar el artículo 15 de la LCT sobre homologación de acuerdos.
El empleado cesanteado podría llegar a reclamar el pago íntegro de su crédito laboral, como si el acuerdo no hubiese sido celebrado. En consecuencia, la homologación ya no brindaría seguridad a los empleadores de que el trabajador ya ha terminado con sus reclamos.
En la actualidad, la ley vigente indica que los convenios de este tipo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y exista una resolución fundada que acredite que, mediante tales actos, se alcanzó una justa composición de los derechos e intereses de las partes.
Así, una vez que se logre consenso sobre un monto determinado, el empleador -previa homologación de la autoridad que corresponda-, deberá abonar al empleado cesanteado el importe conciliado en una o varias cuotas, según se hubiera estipulado.
En la actualidad, las partes pueden pactar los efectos del incumplimiento, es decir: una multa, un interés por mora o la caducidad del acuerdo, entre otras opciones. En cambio, si prospera la iniciativa, ya no existiría esta posibilidad y se darían dos escenarios posibles:
- Si el acuerdo surgió durante un litigio judicial y luego no se respetó: el dependiente podrá pedir la totalidad de lo reclamado al comienzo del juicio y no sólo el monto incumplido.
• Si el acuerdo se realizó en sede administrativa (SECLO): el empleado podrá optar por solicitar las diferencias impagas, o bien por continuar en la instancia judicial por las sumas inicialmente reclamadas.
Más iniciativas que tendrán pronto tratamiento
En este contexto, se incluyen otros proyectos parlamentarios que serán debatidos próximamente en comisión.
Uno de ellos busca que las empresas sean quienes paguen las costas por juicios laborales. El riesgo que advierten los empresarios tras su sanción se vincula con el importe total, porque podría estar bastante lejos de la capacidad financiera de las firmas para afrontarlo.
La excepción a esta regla se daría en los casos en que la demanda fuera rechazada por completo, en cuyo caso, dichas costas -como honorarios de abogados y peritos, derechos arancelarios, entre otros conceptos- quedarían a cargo del empleado.
Es decir, si los jueces hicieran lugar, aún de forma parcial, al reclamo de un dependiente, sería la empresa la que tendría que pagarlas.
Por otra parte, existe otra propuesta que pretende aplicar en el cálculo de la indemnización la tasa activa del banco de la jurisdicción correspondiente o del Banco Nación y dejar de lado la apreciación judicial. Los expertos consultados afirman que, a pesar de que la iniciativa generaría seguridad jurídica, podría llegar a aparejar un aumento de la litigiosidad.
Además, el empleado podría reclamar –aún con la relación laboral vigente- un interés adicional a la remuneración, si ésta no fuera percibida por él en tiempo y forma (dentro de los cinco días hábiles de finalizado el período y de manera integral).
“Este tipo de medidas genera desconfianza en quienes están considerando la posibilidad de invertir, y desincentiva el nacimiento y desarrollo de las empresas, por generar nuevos costos”, indicó Ramiro Salvochea, socio del estudio Salvochea abogados.
“En algunos casos, la demora en el pago de indemnizaciones o salarios puede deberse a situaciones de fuerza mayor, ajenas a la voluntad de la firma empleadora”, concluyó.
Sebastián Albornos© iProfesional.com
29/09/2010
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