19 nov 2010

Vendedores por Internet deberán pagar IVA.

Las páginas de ventas por Internet pasarán a ser agentes de recaudación de la AFIP, debido a que el organismo pondrá en vigencia a partir del 1º de mayo próximo un régimen de percepción de IVA que afectará a los vendedores online. Además, los portales deberán cobrar las comisiones a los oferentes mediante la factura electrónica.

Para sufrir la percepción, el que vende a través de un portal de internet deberá ser habitualista, concepto que está en fase de análisis dentro de la AFIP para concretar un monto de ventas por mes y un volumen de ventas. El fisco evalúa, en tal sentido, fijar un piso de 10 operaciones mensuales.

“No queremos entorpecer el mercado, pero sí dar transparencia al comercio electrónico y favorecer la competencia leal entre los propios vendedores de los portales”, dijeron fuentes de la AFIP.

La alícuota será diferente según el perfil del vendedor. Si su situación fiscal es de transparencia la tasa será menor y para quienes no están inscriptos, o lo están como monotributistas pero en fraude a la ley, será superior. Trascendió que el rango iría de 3% a entre 8% y 10%, aunque no estará definido hasta la semana próxima.

La mira de la AFIP estará puesta no sólo en aquellos vendedores por internet respecto de los cuales no hay registros comerciales ni fiscales sino especialmente en los que facturan como monotributistas. Fuentes del organismo pusieron como ejemplo de enanismo en la web a los supuestos pequeños contribuyentes que han emitido facturas unitarias superiores al tope de $ 2.500 que fija la ley, que sería el caso de muchas cámaras fotográficas y filmadoras, entre otros productos.

La comisión del vendedor va a ser incluida en la factura electrónica que emitirá el portal. Si un oferente vende $ 10.000, por la comisión –que es del 5%– la página cobra $ 500. Pero con la percepción, el monto facturado subirá a $ 800 o $ 1.500.

En la AFIP afirmaron que “no aumentará el precio para el consumidor, porque entendieron que no es un costo, sino un adelanto, ya que el vendedor podrá descontar el monto de su declaración jurada mensual de IVA, si bien los monotributistas no tienen esta posibilidad.

Las fuentes de la AFIP indicaron que si se comparan los niveles de ventas a través de páginas de internet informados por consultores especializados y las base de datos del organismo sobre comisiones cobradas por los portales, aparece una diferencia de ventas no declaradas por $ 2.000 millones anuales.

En tal sentido, el mercado del comercio electrónico movió alrededor de $ 5.240 millones en 2009 y se estima que este año llegará a $ 6.500 millones, según un estudio de la consultora Prince & Cooke para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Las principales empresas sobre las que basa su análisis son MercadoLibre, CMD y Clarín Global, en un primer escalón por su tamaño, y Anuntis Segunda Mano Argentina, Que Barato, OLX, De Motores, De Autos y Star Cafe Digital, en el que sigue a continuación, entre un total de unos 20 portales identificados por la AFIP en el país.

Otro paso en el que la AFIP evalúa avanzar en un futuro es en pedir un certificado fiscal de transparencia para quienes venden en forma habitual a través de Internet. Se le pediría a los portales que creen un ícono para hacer saber a los compradores la situación frente al fisco del vendedor. Esto no podría ser una medida obligatoria, indicaron en el organismo.

“Es importante remarcar que esta modificación no afecta en nada a los consumidores de este servicio”, afirmó Echegaray, pese a que se teme que los pequeños vendedores migren a servidores del exterior.

Fuente: (El Cronista)
11/11/2010

9 nov 2010

Lavado: admitió el Gobierno un cortocircuito con Estados Unidos.


                                                      JOSE SBATTELLA
                                                                Jefe de la Unidad Antilavado 



Se intenta restablecer la comunicación; Washington objetó la filtración de datos.

El Gobierno admitió que el canal de información confidencial con Estados Unidos sobre operaciones financieras se encuentra interrumpido desde mediados de 2009, cuando Washington suspendió el intercambio ante la sospecha de que los datos que enviaba a Buenos Aires eran usados por la Casa Rosada para fines políticos. 

"Hay un problema con el intercambio de información", reconoció el actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) local, José Sbattella, quien sin embargo buscó desligar al Gobierno del contrapunto. Afirmó que la "filtración", como la calificó, pudo haber ocurrido dentro del Poder Judicial o entre los fiscales que manejaron el caso que disparó el entredicho, centrado en el empresario y dirigente opositor Francisco de Narváez, que ayer cargó contra la Casa Rosada. 

"El kirchnerismo persigue políticamente a sus adversarios y para hacerlo usa la estructura del Estado y fondos públicos; me persiguen por mis ideas", planteó el diputado del PJ Federal, que durante la campaña electoral de 2009 intercambió acusaciones y denuncias penales con funcionarios, en particular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Sbattella destacó, no obstante, que el Gobierno se encuentra "trabajando" para restablecer el intercambio de datos sobre operaciones sospechosas de lavado de activos correspondientes a personas y empresas privadas. Ese intercambio está suspendido desde entonces, según informó LA NACION ayer sobre la base de testimonios de cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas. 

El cortocircuito con la unidad antilavado que depende del Departamento del Tesoro, llamada Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), se desencadenó poco después de que la información confidencial que le había solicitado la UIF se publicara en el diario Página 12 , afín a la Casa Rosada. El artículo, titulado "Los negocios del patán", apareció el domingo posterior a las elecciones de junio del año pasado, con detalles sobre los supuestos reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los bancos JP Morgan, Chase y Citibank habrían enviado a la Fincen sobre De Narváez. 

La Fincen ordenó entonces el inmediato corte del canal de comunicación. Para eso, dio por terminado el "Memorando de entendimiento" con la UIF local. Desde entonces, el flujo de información se encuentra interrumpido, a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades argentinas, que explicitó en reuniones en Washington y Buenos Aires. 

Sbattella detalló que ese cortocircuito se originó a partir del incumplimiento de la regla de confidencialidad que impone el llamado Grupo Egmont -foro que regula este tipo de intercambio entre las unidades antilavado alrededor del mundo-. Exige, además, que "no se usen los datos en términos políticos si ellos no autorizan", según reconoció el titular de la UIF. 

El funcionario afirmó, sin embargo, que ignoraba cómo ocurrió la "filtración", como la definió, que adjudicó a la gestión anterior al frente de la UIF, encabezada por la contadora Rosa Falduto -quien continúa dentro de la órbita del Gobierno-, o incluso a funcionarios del Poder Judicial o el Ministerio Público que manejaron luego esa información sensible. 

Esa "filtración", remarcó Sbattella, "puede pasar en cualquier tramo del proceso. No puedo cargar las culpas a los componentes del sistema, pero una vez que pasa a la Justicia, al Ministerio Público, se pierde el control del expediente", argumentó, en alusión al legajo con información confidencial solicitado a la Fincen y que la UIF complementó en un legajo, también secreto, con su propios datos. 

La salida apresurada de Falduto a principios de este año y su reemplazo por Sbattella no lograron mejorar la relación con las autoridades de la Fincen, aun cuando se concretaron reuniones en Washington y en Buenos Aires en las que funcionarios de los dos países evaluaron esa posibilidad. 

"Una victimización"
 
"¿Quién manda en el sistema antilavado argentino? ¿Usted?", llegaron a sondear los funcionarios estadounidenses ante Sbattella, quien detalló las nuevas medidas de seguridad que instrumentó en las oficinas de la UIF y ofreció obligar a jueces y fiscales que firmen un "compromiso de confidencialidad" cuando reciban este tipo de información en el futuro. 

La Fincen optó, sin embargo, por mantener en suspenso la colaboración. De manera formal, argumentó que deseaba conocer la evaluación que el GAFI difundió ayer, mientras negociaba la firma de un nuevo "memorando de entendimiento". Pero por canales extraoficiales dejaron trascender su malestar y sus temores acerca de las "motivaciones políticas" que vislumbran dentro de la UIF, según reconstruyó LA NACION de fuentes de ese país. 

La ruptura de ese canal de comunicación vedó a las autoridades locales de obtener información privilegiada para avanzar en sus investigaciones sobre lavado de activos o financiación del terrorismo. Entre otras, sobre eventuales operaciones sospechosas en la Triple Frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay. 

La decisión unilateral de la Fincen llevó a una situación peculiar: la UIF sigue enviando reportes sobre posibles operaciones sospechosas a su contraparte de Washington, cuya reciprocidad se mide "con cuentagotas", según relató a LA NACION un funcionario argentino al tanto de lo que ocurre dentro de la unidad. "Lo de De Narváez fue un error que nos «excomulgó»", admitió.

El equipo que rodea a Sbattella dentro de la UIF considera injusto, sin embargo, que el flujo continúe interrumpido, según indicaron ayer dos de sus allegados a LA NACION. Tanto porque responsabilizan a la gestión de Falduto o a terceros ajenos a la unidad de esa "filtración" como porque la difusión pública del contrapunto con Estados Unidos "victimiza" a De Narváez y, apuntan, "politiza" todavía más la labor del organismo antilavado. 

LA OPOSICION QUIERE APURAR LAS REFORMAS 
 
Por impulso del diputado nacional Gustavo Ferrari, mano derecha de Francisco de Narváez, la oposición en la Cámara de Diputados intentará apurar el tratamiento de los proyectos tendientes a reformar la Unidad de Información Financiera (UIF). Autor de una de las tres iniciativas para reformar el organismo, Ferrari conversó con el presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), para incluir el tema en la próxima reunión de la comisión. En tanto, el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), presidente de la Comisión de Legislación Penal, piensa crear una subcomisión especial para debatirlo. 

DIXIT
"Hay un problema con el intercambio de información porque el Grupo Egmont pide confidencialidad"

Fuente:
La Nación
Hugo Alconada Mon
09/11/2010

 

La ANSES explica nuevas pautas para que autónomos y monotributistas se jubilen.

El organismo lanzó un instructivo en donde detalla los nuevos pasos a seguir desde que el trabajador, o sus herederos, solicitan el beneficio previsional hasta su obtención o denegatoria. Conozca las claves del nuevo marco legal que potencia los controles vigentes.

Con la mira puesta en reforzar el control, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó un instructivo online en donde explica los nuevos pasos que deberán seguir los trabajadores autónomos y monotributistas para gestionar su jubilación.

La guía web -a la que puede accederse haciendo clic aquí- detalla las pautas a tener en cuenta, desde la solicitud del beneficio previsional hasta el momento de su obtención o denegatoria.

El objetivo principal del nuevo marco normativo apunta a determinar la real prestación de los servicios, para establecer el derecho a acceder al haber jubilatorio que contempla el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Daniel Pérez, titular del estudio que lleva su nombre, aseguró oportunamente que la ANSES "actualizó toda la serie de procedimientos -algunos muy complejos- que implican la validación de toda la información necesaria para acreditar las formalidades que hacen a la obtención de los beneficios jubilatorios, en el caso de trabajadores autónomos y monotributistas".

Los mismos deben ser solicitados por el trabajador, o por sus herederos, en caso de fallecimiento.

Juan Carlos Cerutti y Gustavo Gabriel Unamuno, socios del estudio Cerutti & Andino y asociados, precisaron que "los cambios apuntan a evitar que los autónomos o sus derechohabientes inicien el trámite sin acreditar los servicios concretos".

"En ese sentido, las normas que en forma esporádica hacían más fáciles la obtención del haber jubilatorio, como el régimen llamado de amas de casa, ya no tendrán efecto ni posibilidades de aplicarse porque habrá que acreditar los años trabajados en forma concreta", agregaron los expertos.

"Entendemos que es una norma lógica, que se enmarca en el sistema de solidaridad en el que no es posible que unos se jubilen utilizando los aportes de otros y que, en definitiva, el sistema carezca de una base recaudatoria cierta", aseguraron Cerutti y Unamuno.

Mayor control para los trabajadores en actividad

En lo que respecta a los trabajadores que se encuentran en actividad, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también decidió reforzar el control que recae sobre ellos.

El mayor seguimiento se traduce en la implementación de la nueva versión del Sistema de Cálculo de las Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS), que permite que los empleadores declaren a sus dependientes a través de la web del organismo.
La medida comprende a más de 550.000 empleadores y 7.200.000 trabajadores registrados en relación de dependencia, obligados a aportar al SIPA. Para descargar el nuevo software, haga clic aquí.

La puesta en marcha del nuevo software constituye el primer paso en la confección de un nuevo registro online de empleados, que se convertirá en una sola base de datos digital para consultas del Ministerio de Trabajo, la ANSES y otros organismos que demanden información declarada por las empresas.

La estrategia fiscal se completa con la implementación de las polémicas presunciones laborales. Las herramientas legisladas por la Ley Antievasión II permitien determinar la cantidad mínima de dependientes con los que debería contar una compañía para realizar su actividad.

En efecto, a través de la cuestionada norma, se ampliaron las facultades de la AFIP a fin de que pueda determinar de oficio las deudas de la seguridad social, en aquellos casos en que los contribuyentes no hubieran presentado declaraciones juradas o resultasen impugnables por no representar la realidad constatada.

Para la determinación de las deudas antes mencionadas, el marco legal faculta al fisco nacional a valerse de presunciones previsionales pudiendo tomar como referencia:
  • El consumo de gas, de energía eléctrica u otros servicios públicos.
  • La adquisición de materias primas.
  • El monto de los servicios de transporte utilizados.
  • El valor del total del activo propio o ajeno.
  • El tipo de obra ejecutada.
  • La superficie explotada y el nivel de tecnificación.
  • El tiempo de ejecución y las características de la explotación o actividad.
La propia ley dispone que tales indicios son meramente enunciativos y que su empleo debe realizarse en forma razonable y uniforme.

Fuente: Iprofesional.com
08/11/2010

6 nov 2010

Los portales de comercio electrónico comenzarán a retener IVA y Ganancias.

Los portales de comercio electrónico comenzarán a retener IVA y Ganancias.

Los vendedores estarán alcanzados por la percepción en caso de ser responsables inscriptos, o si no acreditan su calidad de exentos o no alcanzados.

El Gobierno lanzó una nueva herramienta impositiva para reducir la evasión de las ventas realizadas a través de Internet, un negocio de unos $720 millones, tras detectar que el 33% de los contribuyentes que utilizan esta plataforma poseen una inadecuada conducta fiscal.

El nuevo sistema de control fue puesto en marcha este jueves por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray, según se informó en un comunicado oficial.

Con el nuevo "Régimen Especial de Ingreso de IVA", los portales que ofrezcan el servicio de intermediación en el comercio electrónico pasarán a ser agentes de percepción del impuesto beneficiando a aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

"Es importante remarcar que esta herramienta no afecta en nada a los consumidores de este servicio", aclaró Echegaray y luego explicó que la medida permitirá a la AFIP contar con la información actualizada de los operadores.

Ahora, el ente recaudador podrá saber en detalle las transacciones realizadas y luego cruzar los datos de las comisiones cobradas por los portales con las ventas declaradas por los vendedores de los productos.

"De acuerdo a información que posee la AFIP, un 8% de los contribuyentes que realizan operaciones comerciales de manera habitual no están inscriptos ante el fisco", agregó el funcionario.

"En esta era de globalización e informatización, el Estado debe promover mecanismos acorde a las nuevas formas de comercialización", sintetizó Echegaray.

La nueva herramienta bajo la lupa
 
Estimó también que las ventas concretadas a través de los portales que ofrecen el servicio intermediación en el comercio electrónico alcanzarán los $720 millones en 2010.
La herramienta, reglamentada a través de la resolución general 2.955 y que empezará a regir a partir 1 de enero de 2011, incluirá sólo a los portales que ofrezcan el servicio de intermediación en el comercio electrónico.

Los vendedores -que utilizan la plataforma para comercializar sus productos- estarán alcanzados por la percepción en caso de ser responsables inscriptos ante el IVA, o si no acreditan su calidad de exentos o no alcanzados frente al tributo.

La medida contiene un aspecto sustancial: la alícuota de percepción a aplicar dependerá de la situación fiscal del vendedor. Si la conducta del contribuyente que ofrece el bien o servicio no presenta inconsistencias ante la AFIP, la percepción será sólo del 1% sobre el monto de la operación.

En caso de presentar observaciones, será del 3%, indicó la AFIP. Mientras que si el vendedor no es un sujeto inscripto ante el fisco, la percepción será del 5 por ciento.

Los contribuyentes adheridos al Monotributo no resultan sujetos pasibles de percepción, excepto cuando se verifique que se utilizó al Régimen Simplificado para ocultar la verdadera capacidad contributiva.

Fuente: Iprofesional.com
06/11/2010

4 nov 2010

El Congreso se apresta a darle un golpe letal al actual sistema de tercerización

La iniciativa apoyada por Héctor Recalde ya tiene dictamen de Comisión y avanza hacia el recinto. De convertirse en ley, las contratantes deberán extremar los controles por las obligaciones de los contratistas respecto de trabajadores y organismos previsionales para no ser condenadas solidariamente.
 
El régimen de tercerización parece estar cada vez más cerca de llegar a su fin. Al menos, tal como fue concebido hasta ahora.

El conflicto de los ferroviarios, que culminara con la muerte de una persona, aceleró las cosas. Y por detrás de éste, comenzaron a "detonarse" una catarata de protestas tendientes a poner fin a un mecanismo contractual que evidencia las inequidades propias de una modalidad de trabajo que ahora está en la mira de los propios legisladores.
Sucede que la situación, además de ser crítica, se repite en distintas compañías de diferentes rubros. Tal es el caso de Techint y su "casi permanente" problemática con el sindicato de los camioneros. O bien el de los trabajadores de call centers, sin olvidar lo que acontece con el personal bancario o quienes son contratados, de esa forma, en el gremio de la construcción, sólo por citar algunos ejemplos.

A ello se suma que, en el ámbito judicial, abundan los reclamos laborales que apuntan directamente a la responsabilidad solidaria que tienen las empresas principales, en casos de incumplimiento contractual de las compañías subcontratadas.

En este escenario, la preocupación se instaló con más fuerza que nunca en el Congreso y, este miércoles, la intención de introducir una reforma al actual régimen se materializó luego de que la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados emitiera dictamen favorable al proyecto de ley, impulsado el ex diputado y actual titular del sindito de empleados judiciales, Julio Piumatto, y apoyada por Héctor Recalde, legislador del Frente para la Victoria, para modificar la normativa vigente.

El diputado no dudó en calificar como "flagelo" al sistema de tercerización, al cual acusó de haber generado las condiciones de tensión que terminaron en los referidos incidentes con el gremio de los ferroviarios.
Las compañías "tienen que hacerse responsables de las subcontrataciones. La ley exige a las empresas principales que subcontratan que sean responsables solidarias de los incumplimientos de sus subcontratistas", completó el legislador.
"El conflicto se termina cuando los ponen en blanco. Es muy difícil el combate contra esto, pero hemos logrado algunos éxitos. El gobierno de Cristina Kirchner no va a permitir la impunidad", agregó.

Recalde indicó que el proyecto introduce cambios en la modalidad de subcontratación laboral e "iguala la protección de los tercerizados con la del trabajador estable".
"Con esto evitamos que (la subcontratación) sea una vía oblicua de bajar los costos laborales a expensas de los derechos de los trabajadores", agregó el diputado.
Para el legislador, uno de los problemas de la tercerización fue que "posibilitó que empresas grandes subcontrataran para bajar sus propios costos con compañías que aplicaban convenios que no eran de la actividad específica de la principal".
Y también el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dio a conocer sus reparos a la forma en que el régimen de tercerización funciona en el país. Al respecto, advirtió oportunamente que "el problema está en que, en algunas actividades, no se utiliza la tercerización como una forma de mejorar, sino como un mecanismo de fraude laboral".

"No puede haber este nivel de extensión de tercerización", agregó y cuestionó su utilización para la "reducción de costos primitivos".
Para Tomada, esta forma de trabajo es comparable con "el empleo en negro". En este sentido, reflexionó: "Por favor, pongamos la responsabilidad primaria en donde debe estar, en quien elige que sea de esa forma. Está claro, no puede derivarse. Quien decide organizar esto es el empresario y ello no pasa solamente con los ferrocarriles".

Avanzada legislativa

El proyecto de ley, que cuenta con un amplio aval entre los legisladores, se encamina a un pronto tratamiento en el recinto.
A partir de su aprobación, y tal como reza la propuesta, "los contratantes o subcontratantes, en todos los casos, serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por los contratistas o subcontratistas con los trabajadores y los organismos de la seguridad social".

De sancionarse, los expertos consultados por iProfesional.com advirtieron que todas las firmas que tercerizan parte de sus servicios comenzarán a enfrentar todo tipo de litigios, por cuestiones de la relación de empleo -propiamente dicha- como así también por reclamos vinculados con accidentes laborales.

Si bien coincidieron en señalar que la tercerización permite la especialización en determinadas tareas, remarcaron que la normativa vigente "genera controversias", especialmente al hacer referencia a "actividad principal" y "actividad específica y propia", respecto de las que realiza el tercero contratista o subcontratista.

A raíz de ello, sucede que son los jueces quienes finalmente deben determinar si la actividad del tercero, como así también la distribución, transporte y cobranza, resultan "parte necesaria" de la elaboración y fabricación del producto de que se trata.

Y esto fue lo que sucedió en una reciente causa, donde quedó en manos de la Justicia decidir sobre la viabilidad del reclamo de resarcimiento por despido, formulado contra la empresa principal, por parte de un trabajador tercerizado.
En este caso, como en tantos otros, se puso de relieve que la normativa vigente lleva a que los magistrados adopten criterios disímiles, al punto que el máximo Tribunal de Córdoba terminó revocando la sentencia de primera instancia y de Cámara favorables al empleado.

Un caso testigo

En esta oportunidad, un trabajador invocó la responsabilidad solidaria de una compañía que embotellaba bebidas gaseosas, la cual contrató el servicio de distribución y transporte de los packs de botellas de la firma para la cual él trabajaba y de la que había sido despedido.

En primera y segunda instancia, se condenó a la embotelladora porque la companía transportista era la encargada exclusiva de distribuir los productos mencionados.

Se concluyó que la actividad principal era la elaboración y/o fabricación de bebidas gaseosas sin alcohol, como así también la distribución, aunque ésta fuera realizada por terceros -ahi era donde jugaba el papel del trabajador despedido porque efectuaba el transporte y entrega de mercaderías y la cobranza-.

Para los jueces, el dependiente participó del cumplimiento de la actividad principal. También indicaron que la firma contratada no cumplió con las normas laborales pues estaba encuadrado en un convenio colectivo distinto al que correspondía.
La embotelladora sostuvo que el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo "pone en cabeza del empresario la responsabilidad solidaria por las deudas laborales de otro, sólo si fracciona su propio proceso productivo o al menos cede en todo o en parte el establecimiento, contratando o subcontratando trabajos que le son propios", por lo cual entendía que eso no ocurrió en este caso porque consideraba que se trataba de empresas autónomas, independientes entre sí.

Así, en este escenario, los jueces del máximo Tribunal provincial entendieron que la transportista no prestó servicios inherentes a su actividad normal, habitual y específica y agregaron que el hecho de que el demandante hiciera y rindiera cobranzas tampoco se asimilaba al concepto de venta.
En este escenario, los magistrados integrantes de la mayoría concluyeron que "las cobranzas y la consiguiente rendición de cuentas se enmarca en el cierre del ciclo de comercialización iniciado con la metodología de preventa en una red de expendedores del producto".

Para este caso particular, agregaron, "no se verifica la delegación a terceros de una etapa específica de la producción industrial que es propia del establecimiento".

Por consiguiente, no correspondía extender la condena por las obligaciones laborales incumplidas por el transportista, que era el empleador del reclamante.

El artículo 30 de cara al futuro

Para Esteban Carcavallo, socio del estudio Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea, el tema "debe dar lugar a una apreciación restrictiva, pues no todas las actividades son inherentes a la que resulta ser principal, habitual, normal, permanente y específica del establecimiento ni está relacionada al logro de los fines de la empresa".
"Hay muchísimos reclamos al respecto, debido a la propia letra de la norma, que dio lugar a interpretaciones opuestas acerca de sus alcances", agregó.
Una eventual reforma -para despejar dudas y detener controversias - no tendría otra alternativa que definir lo que entiende por actividad principal y actividades accesorias o que contribuyen al fin específico de la primera", concluyó Carcavallo.
En tanto, Alberto González Torres, socio de Baker&Mckenzie, remarcó que "el error de las firmas que contratan a otras para que cumplan una actividad determinada reside en que no exigen a sus contratistas que cumplan con todas y cada una de las normas".
Por tal motivo, "la solución, en definitiva, será asegurarse que el contratista cumpla con las normas, y que si no lo hace, responda y mantenga indemne al principal", consideró.
"La solvencia de la empresa contratada es fundamental", rescató González Torres.
Juan Carlos Cerutti y Gustavo Unamuno, socios del estudio Cerutti, Andino & Asociados, indicaron que "el concepto de tercerización fue desnaturalizado y desvalorizado, y ahora se considera al mismo como una forma que tienen algunas empresas de evitar responsabilidades laborales".
"El artículo 30 debe ser modificado y poner límites a la responsabilidad solidaria en función del fin para el cual se decide tercerizar", agregaron los expertos.
"No deberían avanzar proyectos que retrotraigan el modelo de producción a la imposibilidad de participación de terceros ya que eso no parece ser el reflejo de la realidad productiva actual", destacaron.
Y concluyeron: "Esto se debe a que no es posible que una industria o prestadora de servicios, necesariamente deba saber hacer todos los procedimientos".
Fuente: Iprofesional.com
04/11/2010

2 nov 2010

Lanzan un nuevo procedimiento para el reintegro de IVA a extranjeros.

La AFIP reglamentó las características que debe contener el instrumento que reemplazará al certificado anterior y sumó a otra empresa para emitirlos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) modificó la normativa que regula el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a turistas extranjeros e instrumento un nuevo comprobante que reemplazará al existente certificado de reintegro.

A través de la resolución general 2.945, emitida este lunes en el Boletín Oficial, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray introdujo dos importantes reformas en el sistema de reintegros de IVA a extranjeros.

Por un lado, reemplazará el "cheque de reintegro" existente al día de la fecha, por un nuevo instrumento con mayores requisitos. Por el otro, incorporará una empresa más para emitir dichos certificados.

En la actualidad, existe una sola empresa autorizada a emitir los denominados "cheque de reintegro". De este modo, a Global Blue Argentina, se le sumará la firma Premier Tax Free.

Respecto del nuevo instrumento, la flamante norma establece la información con la que debe contar. Entre ellas, se destaca:

a) Código de identificación unívoca.

b) Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del vendedor y denominación o razón social.

c) Fecha de emisión del comprobante.

d) Código del tipo de comprobante: seis para la factura tipo "B" y ochenta y dos para el tique factura tipo "B".

e) Punto de venta y número de comprobante.

f) Datos del turista:
  • Número de pasaporte o documento de identidad.
  • Apellido y nombres.
  • Domicilio en el país de residencia.
g) Importe del impuesto al valor agregado y -de corresponder- del impuesto interno, contenidos en la factura tipo "B" o tique factura tipo "B".

h) Importe a reintegrar.

Según lo establece la resolución (a la que puede acceder haciendo clic acá), la norma se pondrá en vigencia a partir de este lunes, a excepción de los incisos a) y d) que tendrán vigencia dentro de tres meses.

Fuente: Iprofesional.com
02/11/2010

1 nov 2010

A partir de hoy las transferencias menores a $10.000 serán gratuitas.


Para importes mayores rigen los nuevos topes, que no podrán exceder el 50% de las comisiones cobradas realizadas por ventanilla.

A partir de hoy, serán gratuitas las transferencias de cuentas bancarias realizadas a través de home banking o cajeros automáticos que no superen la suma de $10.000 diarios.

Para operaciones mayores, el costo máximo no podrá exceder el 50% de las comisiones cobradas por transferencias realizadas por ventanilla.
El costo de dichas transacciones varía según el tope: hasta $50.000, la comisión máxima será de $5; de $50.000 a $100.000, será de $10, y para más de $100.000, la comisión será establecida por la entidad bancaria en cuestión, aunque el tope máximo es de $300.

La medida, que fuera anunciada en septiembre por el Ministro de Economía, Amado Boudou, y la presidenta del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont, también establece la creación de una cuenta bancaria gratuita, y la instrumentación del cheque cancelatorio.

El objetivo central es incrementar la bancarización y disminuir las transacciones que involucren el uso de efectivo, como parte de un plan de seguridad diseñado con el fin de reducir los casos de salideras bancarias.

Para los usuarios que deseen realizar consultas, el Banco Central de la República Argentina habilitó una línea gratuita: 0800-999-6663. También pueden efectuarse vía web, en el Portal del Cliente Bancario: www.clientebancario.gov.ar.

Fuente: Iprofesional.com
01/11/2010