El Gobierno reforzará el control de operaciones sospechosas de lavado de dinero

En exclusiva para iProfesional.com, José Sbattella, titular de la UIF, anticipó qué medidas implementará el organismo este año y hacia dónde apuntan las investigaciones. Además, reveló qué nuevos sectores estarán "en la mira" y cómo aplicarán multas a incumplidores. Qué dijo de las inspecciones.

El 2011 plantea un nuevo escenario en materia de control del lavado de dinero.

Luego de que la presidenta Cristina Kirchner firmara un decreto, que fijó cómo es el proceso de fiscalización y cuáles son las penalidades aplicables en caso de lavado de activos, la Unidad de Información Financiera (UIF) puso en marcha un intenso plan de acción directa que ejecutará durante este año.

Dicho paquete de medidas contempla la intensificación de las inspecciones. También apunta a la aplicación de fuertes multas para los responsables, designados por el organismo, que no cumplan con el deber de informar operaciones que revistan la calidad de "sospechosas".


José Sbatella, titular del la UIF, afirmó en exclusiva con iProfesional.com, que el objetivo es lograr conciencia de que "la sanción puede llegar".

Así, más allá de los clásicos controles que recaen en el sistema financiero, esta vez la lupa estará puesta en empresas, escribanías, joyerías, profesionales, y otros sujetos que podrían vincularse, de alguna manera, con las referidas "operaciones sospechosas"; ya sea como partícipes o por el solo hecho de acceder a información clave sobre este tipo de transacciones.

"Vamos al domicilio de los obligados y hacemos un requerimiento para ver si están cumpliendo con la aplicación de los procedimientos de control que establece la normativa vigente, sobre la operatoria de sus clientes", sostuvo el funcionario. Por ejemplo, un contador respecto de un movimiento de fondos inusual de una compañía.

Para cumplir su cometido, el organismo recurrió, nada menos, que a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros "aliados".

"El mayor stock de dinero en la Argentina proviene, a nuestro criterio, de la evasión fiscal", advirtió el funcionario en relación con el lavado de dinero y justificando, así, los motivos que llevaron a la UIF a recurrir al fisco nacional para llevar a cabo sus investigaciones, alimentándose de los datos con que cuenta el organismo de recaudación sobre los evasores.

Todo este nuevo "ambiente de control" tiene su razón de ser. Sucede que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha puesto la mira en la Argentina porque considera que presenta cierto grado de debilidad a la hora de luchar contra el lavado de activos.

De hecho, Luis Urrutia Corral, titular del organismo internacional, sostuvo recientemente: "No hay un sistema muy claro de supervisión y de sanciones para quienes lavan dinero, y en cuanto a la financiación del terrorismo, hay deficiencias en el tipo penal y en los mecanismos para congelar activos de personas sospechosas".

Pero Sbatella quiere que esto sea parte de otro capítulo, que habría cerrado desde febrero de 2010, cuando se hizo cargo de la UIF.

Una clara muestra de ello es que, durante su gestión, se ha logrado multar a tres bancos por no informar "operaciones sospechosas". Esto, hace sólo unos años, era completamente impensado.

"La UIF, hasta el 2009, sólo se había ocupado de procesar los reportes de operaciones sospechosas", advirtió el funcionario y agregó que "no se aprovechaba la potencialidad de la ley ni se intentaba llegar a la capacidad máxima de lo que significaba, tanto la participación en lo penal, como las sanciones administrativas".

La importancia de este paso radica, justamente, en que "cuando hay una operación que se debió informar, la ley estable multas de hasta diez veces el monto involucrado", enfatizó Sbattella.

Un paso clave: la UIF como querellante

"Lo que hicimos fue entrar de lleno en las causas penales más importantes de la Argentina como querellantes", destacó Sbatella.

Y agregó: "Estamos en la causa de medicamentos, en la de efedrina y un juicio por estafa contra el Estado".

De esta forma, la UIF puso en envidencia que asumió un nuevo rol, el de querellante, y también el de partícipe en la gestión de los procesos judiciales donde los denomidados "delitos precedentes" ya han sido probados, en sus aspectos penales.

Vale aclarar que el lavado se realiza con fondos, que provienen de ilícitos, que están tipificados en la normativa vigente y se conocen como "delitos precedentes", dado que se llevan a cabo de forma previa a la operación que permite insertar el dinero en el circuito legal -lavado-.

Por otra parte, en su plan de acción se encuentra un objetivo primordial: aumentar de 19 a 23 los "sujetos obligados" a declarar las supuestas irregularidades, incluyendo a:

• Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario -integradas y/o administradas exclusivamente por dichos agentes o corredores inmobiliarios matriculados-.
• Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente.
• Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.
• Los fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.

Con respecto a los planes previstos para 2011, Sbattella anticipó que buscarán elevar el nivel de riesgo, a través de trabajos conjuntos con distintos organismos:

Los aliados de la UIF

"Aspiramos a que el Banco Central continúe la fiscalización de los sujetos obligados que se encuentran bancarizados", sostuvo Sbattella.

De esta forma, puso de relieve su intención de avanzar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones. "No queremos que dejen de inspeccionar, al contrario, queremos integrar todo un sistema", señaló el funcionario.

El objetivo es lograr que, por un lado, el Banco Central pueda penar a los infractores con las sanciones que establece la Ley Penal Cambiaria, tal como lo hace hasta ahora, pero, al mismo tiempo, que sean aplicadas las sanciones establecidas en la Ley Antilavado.
De hecho, a mediados de octubre de 2010, el organismo aplicó una multa al Banco Francés por una cifra que superaba los $39 millones por no informar una transacción sospechosa (lea más: Multan al Banco Francés a pagar $39 M por no reportar una operación sospechosa).

"Salimos a buscar que el sistema reaccione, con el aumento de los reportes de estas transacciones", indicó el funcionario.

En este sentido, destacó: "El año pasado hubo 1.500 y este año duplicamos a 3.000 los reportes de operaciones sospechosas, sólo en el sector financiero".

Sbattella también remarcó que con la Comisión Nacional de Valores (CNV) existe un tema relevante a controlar, que es "la compra y venta de acciones y el seguimiento de los agentes de bolsa que no venían siendo sancionados, hasta ahora".

Acciones de control junto a la AFIP

Uno de los organismos clave para la UIF es la AFIP. Esto es así dado que el fisco nacional cuenta con datos específicos sobre los evasores y, justamente, según indicó Sbatella, "el mayor stock de dinero en la Argentina proviene, a nuestro criterio, de la evasión fiscal", refiriendo al lavado de activos.

Vale aclarar que, desde la UIF, han propuesto una reforma legal de modo de incluir a la evasión como un "delito precedente" ya que la normativa vigente sólo incluye como tales al narcotráfico, estafas al Estado, tráfico de armas y trata de personas.

"Vamos a impulsar un mayor intercambio respecto de las causas donde la AFIP encontró triangulaciones de ventas al extranjero de cereales", afirmó.

Y enfatizó que, de cara a este año que recién comienza, "lo que a nosotros nos interesa es el decomiso del dinero evadido".

Así, el objeto de esta medida no sólo es recuperar los montos evadidos, sino, además, conocer el origen y destino de los fondos, sobre todo, considerando que "el comportamiento delictivo generó una masa de fondos que alguien posee".

Nuevos sectores, en la mira

Los planes de la UIF también incluyen apuntar con las fiscalizaciones hacia otros sectores, no sólo el financiero, tales como las escribanías, las joyerías y los marchantes de cuadros (aquellos sujetos que se dedican a la compra-venta de pinturas).

"Visitamos y presentamos requerimientos a vendedores de cuadros y a joyerías, que se sumaron a las inspecciones en la zona urbana central, en casinos, en remesadoras de fondos y en transportadoras de caudales", indicó Sbattella.

De esta forma, afirmó, "pudimos ver las reacciones que tenían los investigados e, incluso, advertir si había apelaciones y en qué condiciones".
Al respecto, puntualizó que las remesadoras de fondos y las transportadoras de caudales aceptaron los requerimientos en buenos términos, mientras que los marchantes y las joyerías opusieron resistencia.

Sbattella indicó: "Nos llamó la atención que las remesadoras de fondos se pusieron contentas que fuéramos a fiscalizar, porque el problema de ellas es que no pueden mandar fondos al exterior si no están auditadas. Las transportadoras de caudales también necesitaban que las visitaran".

En tanto, los marchantes de cuadros, se vieron obligados a cumplir con una normativa que les era ajena, y no sólo eso, sino que también fueron sumariados por no cumplimentar con los reportes sistemáticos.
Y agregó: "Las joyerías tienen un problemita mayor porque no es que no tienen datos, directamente no nos dejan ver esos datos. Entonces, nos vemos forzados a iniciar un proceso que puede terminar en un allanamiento. Esto se suma a los que ya efectuó la UIF en escribanías y casas de cambio".

La necesidad de un cambio normativo

A pesar de los comentarios de Urrutia Corral, Sbattella se mostró tranquilo en cuanto a las exigencias que deben cumplirse para febrero próximo, fecha definida por la GAFI para presentar un informe de la situación argentina en la lucha contra el lavado de dinero.

"Lo único que falta, a nuestro criterio, es incluir el autolavado, que es un problema serio que nosotros vemos en la aplicación de la ley", señaló el especialista.

De acuerdo con Sbattella, la figura de encubrimiento hace que, para poder procesar por lavado a un acusado, la persona no debería haber participado del delito precedente.


Es por ello que los jueces aseguran que, según el marco legal vigente, no se puede condenar a una persona por dos ilícitos, "o es narcotraficante o es encubridor", aclaró y advirtió que, en la mayoría de los casos, "los lavadores, hace el delito precedente y luego lavan", motivo por el cual aseguró: "Nosotros estamos planteando una modificación al artículo 278 del Código Penal".

Este artículo impone sanciones para quien "convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito".

Sbatella, finalmente, concluyó: "Si se eliminara una frase cortita que dice `provenientes de un delito en el que no hubieran participado´, automáticamente entraría el autolavado como una posibilidad concreta".

Por Gonzalo Chicote